Todo Sobre El Genocidio Amazónico del 5 de Junio de 2009
La trascendencia global de la protesta en la Amazonía peruana
| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Pero mientras aumenta la cantidad de muertos, y la Amazonía es militarizada, la resistencia aumenta en todo Perú contra una serie de leyes hechas para abrir la selva a la inversión en energía y para desbaratar las propiedades de tierras indígenas.
El 6 de junio, se informa que helicópteros del ejército peruano dispararon contra un bloqueo pacífico. La mayoría de los muertos fueron manifestantes indígenas, parte de un contingente en el bloqueo en la provincia Bagua que ascendía a miles – todos ellos para oponerse a la expansión de la exploración energética y de la tala de árboles en la región del Amazonas de Perú. Y parece que muchos de ellos no sólo eran pacíficos, sino que estaban dormidos.
Como informó la ONG Amazon Watch: “Aproximadamente a las 5 de la mañana, la policía militar peruana realizó una violenta incursión” durante la cual “varios miles de indígenas aguarunas y huambisas fueron dispersados por la fuerza mediante gas lacrimógeno y munición de guerra.” En un brutal ataque, los helicópteros lanzaron gas lacrimógeno desde la altura mientras la policía atacaba a los manifestantes – disparando contra algunos al hacerlo. La ONG también informa que “mientras mataban y herían a manifestantes desarmados, algunos se opusieron a la policía, les arrebataron sus armas y contraatacaron en autodefensa lo que llevó a la muerte de varios agentes de la policía.”
Doctores en Bagua afirman que se obstruyó la evacuación de las víctimas. Como el doctor José Sequén Reyes dijo a El Mundo: “Durante gran parte de la mañana,… la policía no permitía el paso de las ambulancias para la evacuación” La corresponsal de El Mundo, Beatriz Jiménez también informó que: “El dirigente amazónico Zebelio Kayap, desde la zona del conflicto denuncia que los cuerpos de los fallecidos están siendo "desaparecidos" por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales. También que la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger los heridos y trasladarlos a las ciudades cercanas y que tampoco deja recoger los cadáveres desperdigados.” Afirmaciones que son respaldadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú que publicó esas denuncias de brutalidad policial en su blog diciendo que: “se han recibido denuncias extraoficiales sobre la posible quema de cadáveres por parte de efectivos policiales.”
Amazon Watch manifestó al respecto el 8 de junio que “numerosos testigos presenciales informan que Fuerzas Especiales de la policía del Perú han estado eliminando los cuerpos de manifestantes indígenas que fueron muertos,” en lo que el portavoz de Amazon Watch, Gregor McClennan, llama “un aparente intento del Gobierno de subestimar el número de indígenas muertos por la policía.”
Más de cien manifestantes siguen detenidos mientras, según McClennan, “testigos presenciales también confirman que la policía sacó por la fuerza a algunos de los manifestantes heridos de los hospitales, llevándolos a destinos desconocidos.” Aumentan los temores de que otros bloques, como el que tiene lugar en las afueras de la localidad de Yutimaguas, podrían ser objeto de una represión similar, ya que una atmósfera de miedo e intimidación se extiende por la Amazonía peruana.
Como lo señala una declaración publicada el 5 de junio por la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de los Andes (CAOI): “El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy.” Para la CAOI, las muertes en Bagua constituyen “Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión.”
El dirigente indígena Walter Kategari expresó sentimientos similares, cuando declaró al periódico mexicano El Universal que: ““Comenzaron a disparar contra nuestra gente. Y el gobierno sabe que los indígenas somos pacíficos, pero cuando hay una acción contra nosotros siempre encontrarán una reacción. Y nos hicieron reaccionar.” Kategari se hace eco de las palabras de Alberto Pizango, uno de los principales organizadores del movimiento indígena en Perú, quien ha dicho que la policía derribó a tiros a “hermanos” indígenas como si no fueran otra cosa que animales.
El gobierno, mientras tanto, ha replicado con ataques verbales contra los manifestantes. El presidente Alan García dijo, hablando del líder de la manifestación, Alberto Pizango, que éste era culpable de “caer a un nivel criminal: atacar un puesto de la policía, arrebatar armas a la policía, matar a policías que cumplían con su deber.” (El gobierno mantiene que 24 policías murieron en los choques, y sólo 9 manifestantes – cifras cuestionadas por los informes de testigos presenciales.)
Según el periódico La República de Perú: García echó en cara que algunos nativos fueron engañados con información inexacta sobre las normas que han llevado a la controversia entre el Estado y los nativos, diciendo que espera que esto termine. Y también que del lado de los nativos han sido engañados, para que se pronunciaran sin haber leído los decretos, agregando que espera que no haya más víctimas.
Mientras tanto, la ministra del interior, Mercedes Cabanillas, ha dicho que las protestas son puramente por motivos políticos – producto de los oponentes a García – y por lo tanto maduras para la represión. El propio García ha dicho lo mismo. Como dice La República, el presidente ha implicado que tras las protestas existen intereses nacionales de competencia para impedir el desarrollo de la industria extractiva en la selva.
En otra dirección, el ministro del trabajo de Perú ha atacado a los dirigentes del movimiento indígena, y aconsejado a los peruanos que recuerden a los policías caídos así como a las víctimas indígenas, argumentando que “Pizango con su intolerancia ha llevado esta situación al país.”
Por su parte, Pizango dijo a la prensa que responsabiliza al gobierno del presidente Alan García por ordenar este genocidio,” y por haberlo hecho ha sido calumniado en la radio nacional, y la estación CNR dijo que “podría pedir asilo en Bolivia, Venezuela o Ecuador en las próximas horas.” Al final resultó que Pizango pidió asilo en la embajada de Nicaragua, después de amenazas a su vida.
La guerra de palabras, bombas lacrimógenas, helicópteros y balas, nos pone al borde de un precipicio. Ante una grave amenaza a su programa económico centrado en las inversiones a través de un movimiento indígena de una vitalidad y organización sin precedentes, García responde mediante la violencia. ¿Pero cómo hemos llegado a esta situación?
Apertura de la Amazonía
El ritmo de la movilización y de la resistencia indígena en Perú se ha acelerado durante los últimos tres años desde que Alan García llegó por segunda vez al poder como presidente de Perú. García se lanzó a una estrategia económica de doble vía que ha enajenado a amplios sectores de la sociedad peruana, pero sobre todo a los 14 millones de indígenas del país.
Por una parte, García ha hecho aprobar un Acuerdo de Libre Comercio con EE.UU., promulgando varios “decretos” a fin de remodelar la economía para ajustarse a los términos del acuerdo. Por la otra, ha promovido agresivamente la apertura de la Amazonía a la exploración y el desarrollo energético, una estrategia que plantea una amenaza inmediata al modo de vida indígena y a las ecologías nativas.
Como informó un estudio publicado en 2008, García ha destinado más de un 70% de la Amazonía peruana a firmas petroleras como Pluspetrol de Argentina, y Perenco de Francia. Tales acuerdos también han sido obtenidos sin consultar a las comunidades indígenas que serán afectadas. De hecho, Alan García ha pasado por sobre las preocupaciones por los derechos indígenas diciendo que “Tenemos que entender que cuando hay recursos como el petróleo, el gas y la madera, no pertenecen sólo a la gente que ha tenido la suerte de haber nacido allí.”
Los decretos que García promulgó a fin de preparar a Perú para la integración con la economía de EE.UU. van a facilitar considerablemente la expropiación de tierras indígenas.
El Decreto 1064, por ejemplo, apuntaba a pasar por alto a las comunidades locales, permitiendo que compañías con concesiones amañaran cambios a los permisos de zonificación en la Amazonía con el gobierno central de Perú, evitando potencialmente toda forma de consulta local. Amazon Watch señala que eso coloca a Perú en contravención con la regulación 169 de la OIT que exige que los gobiernos “consulten con los pueblos indígenas antes de firmar contratos y de establecer cualesquiera proyectos de desarrollo que los afecten” – algo que “nunca ha sucedido, pero que siempre ha habido un requerimiento de que las compañías por lo menos negocien un arreglo financiero con una comunidad antes de llegar al lugar.”
El Artículo 7 del Decreto 1064 también apunta a “[reclasificar] los derechos comunales a la tierra como subordinado a la propiedad individual y privada” mientras que “sub-cláusulas del artículo 7 dan el favor en cualquier conflicto a individuos y compañías, y a colonos que han invadido territorio indígena.” Se suponía que esto funcionara en conjunto con el decreto 1089, que expandía el papel del servicio COFOPRI [Organismo de Formalización de la Propiedad Informal], cuya política “ha sido promover títulos de propiedad individuales a la tierra, ofreciendo créditos a individuos que renuncien a su tierra comunal a favor de títulos individuales.” Los decretos 1015 y 1073, además, facilitarían el fraccionamiento de tierras comunales indígenas al requerir una simple mayoría en las comunidades, en lugar de dos tercios como era el caso previamente.
Tal vez el más controvertido de todos, el decreto 1090 apuntaba a reducir drásticamente la cantidad de Amazonía cubierta por el sistema de protección del patrimonio forestal del Perú, “liberando” unas 45 millones de hectáreas para el desarrollo económico (incluyendo cerca de un 60% de las selvas de Perú).
Esta determinación ha provocado resistencia. Los pueblos indígenas han luchado hace tiempo contra firmas energéticas. Los achuar, por ejemplo, han llevado ante los tribunales en Los Ángeles al gigante estadounidense Occidental Petroleum por la contaminación de su tierra. Pero esa resistencia nunca ha sido unificada.
Como me dijera el experto en Latinoamérica John Crabtree de la Universidad Oxford: “Perú, a diferencia de Bolivia y Ecuador, carece de un poderoso movimiento indígena que una a los grupos favorables a los indígenas en las tierras altas y en la selva de la Amazonía.” Los grupos en la Amazonía han estado frecuentemente divididos y “siempre han tendido a concentrarse en su propia realidad en lugar de formar alianzas con otros,” pero esto podría estar cambiando debido a la “Ley de la Selva” de García (decreto 1090).
Los últimos dos años han visto una profundización de la cooperación entre pueblos dispares en la Amazonía peruana. En agosto de 2008, encabezados por el agrupamiento indígena AIDESEP, los manifestantes bloquearon algunas de las más importantes vías fluviales y arterias de transporte de Perú. Un puente en Bagua fue ocupado, separando a la Amazonía peruana de la costa, provocando choques en los que más de 800 manifestantes se enfrentaron a la policía con decenas de heridos. En el sur del país, manifestantes rodearon y bloquearon la instalación de gas natural Camisea, así como otras plataformas de perforación y un proyecto de represa hidroeléctrica, extendiendo la lucha contra las reformas de García a todo el país.
Portavoces de los manifestantes exigieron la cancelación de más de 30 decretos, y una consulta sustantiva sobre proyectos específicos. Como dijera el portavoz de AIDESEP, Alberto Pizango, los manifestantes se estaban “movilizando por el derecho a la vida, el derecho a conservar su territorio y a defender el entorno – la selva tropical amazónica que es el pulmón del mundo.”
En un determinado momento, el gobierno trató de conducir a los dirigentes de AIDESEP a un “diálogo” sobre temas del desarrollo, pero las protestas continuaron cuando el gobierno convirtió su cese en una condición previa para conversaciones. Voces en los medios comenzaron a hacer absurdas comparaciones entre los manifestantes indígenas y Sendero Luminoso, un brutal grupo maoísta activo en los años ochenta y a comienzos de los noventa.
La situación escaló, y los activistas indígenas se negaron a echar marcha atrás. El gobierno no había logrado cooptar a sus representantes, o lanzar una respuesta efectiva a las protestas que habían sido casi totalmente no violentas y que gozaban de apoyo en todo Perú. De modo que cuando García declaró un estado de emergencia el 19 de agosto, en lugar de lograr eliminar las protestas mediante acciones policiales, llevó al enardecimiento de los activistas.
Un dirigente de AIDESEP, Alberto Pizango, calificó la proclamación de “declaración de guerra abierta.” Pero los peruanos indígenas no se rindieron. Lejos de ello, de hecho. Como relató la periodista Sandra Cuffe: “Las ocupaciones, bloques y protestas continuaron; y otros se sumaron por solidaridad. Un Comité de Lucha provincial en La Convención (Cusco) incluyendo una Federación de Trabajadores Agrícolas anunció acciones indefinidas en apoyo a las comunidades en la Amazonía, incluyendo bloques de carreteras y del transporte inter-provincial.”
El 20 de agosto, AIDESEP se reunió con el presidente del Congreso de Perú, Javier Velásquez Quesquén, quien aceptó convocar a una sesión plenaria extraordinaria para discutir los decretos contenciosos. Al llegar el 22 de agosto, el Congreso había aprobado el decreto legislativo 2440, que revocó los decretos 1073 y 1015 de García. La presión de los movimientos indígenas había derribado dos de los decretos más controvertidos – que tenían que ver con cambios de la propiedad de la tierra – pero muchos seguían en pie.
A pesar de todo, como dijera Alberto Pizango: “El pueblo de Perú, indígena o no, ha demostrado una vez más que es posible reclamar nuestros derechos a la vida, a la dignidad, y a un desarrollo duradero y sostenible. Es un nuevo amanecer para los Pueblos Indígenas del país.”
Vendiendo la selva
Nuevo amanecer o no, muchos de los decretos siguieron vigentes y continuaron posando una grave amenaza para las comunidades indígenas. Además, en enero de 2009, el Tratado de Libre Comercio entre Washington y Lima entró en vigor después de recibir la firma de George W. Bush, y quedó en claro que el TLC aumentaría la presión sobre la región del Amazonas.
A juicio de Will Petrik, analista del Consejo de Asuntos Hemisféricos, las consecuencias serán trascendentales. “A medida que los agricultores en pequeña y mediana escala sean obligados a competir con las importaciones agrícolas subvencionadas de EE.UU.,” escribió en enero, “se estima que innumerables agricultores serán obligados a abandonar sus tierras, exacerbando los problemas, como ser la pobreza urbana, el narcotráfico, y la emigración obligada.”
La integración de la economía de Perú a un área comercial más amplia tendrá profundas implicaciones para la Amazonía. De hecho, como me dijo Farid Matuk, ex director del Instituto Nacional Peruano de Estadística e Informática, mientras “Toda la idea del TLC es expandir la frontera agrícola de la economía de EE.UU.,” tendrá el efecto de impulsar la producción alimentaria de la costa a la región de la Amazonía peruana. Mientras “las áreas pasarán a cultivar alimentos para la exportación,” me dijo, “menos tierra disponible para alimentos para el consumo interno puede llevar a demanda de tierra en las selvas [y] habrá que talar más bosques para producir más alimento para el consumo interno.”
Como agregó Petrik: “Como el nuevo TLC asegura protecciones para las inversiones de las corporaciones multinacionales, más de esas corporaciones y su modelo industrial, que marginaliza los derechos laborales y el entorno como simples externalidades, probablemente invalidarán todos los obstáculos a la expansión del comercio a cualquier precio.”
De modo que el TLC lleva consigo un movimiento de pinzas implícito concentrado en las tierras de la Amazonía. Por una parte, existe una creciente presión sobre las tierras del Perú para producir alimentos para el consumo interno. Por la otra, está la apertura de la región a la inversión corporativa y al debilitamiento de las salvaguardas regulatorias.
El camino a Bagua
El 8 de abril de 2009, AIDESEP surgió de nuevo con un llamado a las comunidades indígenas en todo Perú, movilizando a 1.350 de ellas para lanzar otra campaña contra los decretos de García y el TLC. Bloqueando los ríos Napo y Corrientes, AIDESEP exigió la revocación de los decretos restantes, llevando a 30.000 o más personas a las calles y a las barricadas, mientras dejaba a 40 embarcaciones de las firmas energéticas bloqueadas sin poder llegar al mercado.
El 28 de abril, como informó Intercontinental Cry, “protestas y otros bloques habían tenido lugar a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago, en una línea férrea que lleva a Machu Picchu, y en otras varias áreas de importancia para el comercio en los departamentos de Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco y Junín."
Las tensiones permanecieron relativamente bajas, a pesar de continuos bloques y protestas, pero el 8 de mayo el gobierno declaró un estado de emergencia – cuando los manifestantes comenzaron a cuestionar grandes inversiones. Convenios como la inversión de 2.000 millones de dólares de la firma francesa Perenco en la exploración petrolera fueron cuestionados por miles de manifestantes que exigían un “desarrollo desde nuestra perspectiva,” como dijo Alberto Pizango.
Después de la ruptura de las conversaciones con el gobierno, una semana más tarde, se presentó Pizango, y dijo a los periodistas que los manifestantes indígenas “se niegan a reconocer la autoridad” del gobierno. En su lugar, obedecerían a sus leyes ancestrales y verían cualesquiera fuerzas de seguridad del gobierno en sus tierras como una “agresión externa” mientras “el gobierno quiere apoderarse de nuestras tierras y entregarlas a gigantescas multinacionales por el petróleo, la madera, el oro y otras riquezas codiciadas por los ricos del mundo.”
Pero Pizango también usó la palabra con “I” como reacción ante la intransigencia del gobierno, calificando la campaña indígena de “insurgencia” – una etiqueta aprovechada por el gobierno. El presidente García hizo un raro discurso por televisión, llamando egoístas a las comunidades indígenas por guardar bajo llave los recursos de sus tierras que por propio derecho debían ser aprovechadas por todos los peruanos. “Tenemos que comprender,” dijo, que “cuando hay recursos como petróleo, gas y madera, no pertenecen sólo a la gente que tuvo la suerte de haber nacido allí porque significaría que más de la mitad del territorio de Perú pertenece a unos pocos miles.”
García combinó su llamado al nacionalismo con una escalada de fuerzas, enviando a los militares de Perú a la región de la Amazonía durante 30 días para aplastar las protestas en sitios estratégicos, mientras Pizango y la AIDESEP seguían llamando al diálogo. Como informó Irene Claux de Upside Down World: "Pizango subrayó que el gobierno debe levantar el estado de emergencia que ha sido establecido desde el 9 de mayo en cinco regiones amazónicas, el Congreso debe revocar los decretos controvertidos, y debe haber una discusión respecto a un diferente camino en el desarrollo de la Amazonía.”
Mientras tanto, “el partido de García se negó a respaldar una moción que abriría el debate sobre los decretos presidencial, una acción que su principal oponente político, el nacionalista de centro-izquierda Ollanta Humala, había calificado de “craso error.” En otras palabras, García, había elegido como su estrategia la confrontación.
A pesar de su falta de disposición a iniciar conversaciones honestas con AIDESEP o discutir el asunto en el Congreso, desde entonces García se ha vuelto más desesperado por terminar con los bloques indígenas, que están teniendo un efecto directo en la producción de energía y el transporte. Aunque los manifestantes no han logrado conservar el gasoducto que sale del proyecto de gas natural Camisea en el sur de Perú después de casi dos semanas de ocupación, otros gasoductos siguen bloqueados. Sin embargo, incluso antes de esa ocupación, como informa Financial Times, “las manifestaciones… habían provocado advertencias de racionamiento de combustible dentro de una quincena,” mientras que las operaciones han sido suspendidas en el Bloque 1A, de la firma argentina Pluspetrol.
García ha ido cayendo en los sondeos de opinión en las últimas semanas, lo que ha sido otro estímulo para la acción. Un sondeo realizado por Ipsos, Apoyo y Opinión y Mercado estima su tasa de aprobación en sólo un 30% - lo que difícilmente representa un mandato para imponer decretos que remodelarían toda una nación.
Ante este trasfondo – resultados deprimentes en los sondeos y amenazas a las inversiones – García lanzó su ataque contra los manifestantes durmientes en Bagua.
Defensores de la tierra
Al decidirse por la militarización del conflicto con manifestantes indígenas, García no sólo ataca los cuerpos físicos de peruanos indígenas. Su gobierno se ha lanzado a desafiar, y potencialmente desmantelar, una constelación de culturas diversas, pero relacionadas, todas las cuales ven el “desarrollo” y el “entorno” de modos marcadamente ajenos a los estrategas corporativos y a los políticos neoliberales.
Como lo describe Ricardo Carrere, coordinador del Movimiento mundial por los bosques tropicales (WRM): “si se quiere hacer algo respecto al cambio climático, hay que detener la extracción de petróleo y la realidad muestra que la única gente del mundo que hacer realmente algo por proteger al mundo contra el cambio climático son los pueblos indígenas que dicen “no más petróleo.”
Según Carrere, los pueblos indígenas se levantan contra fuerzas que son incompatibles con la sostenibilidad medioambiental y la justicia social. Se oponen a una “lógica económica que significa que tenemos que destruir” y ofrecer un modelo diferente de desarrollo, que “tiene que ser descentralizado, que haga volver a la tierra a la gente de las ciudades, donde puede tener un mejor modo de vida,” y exige que “se necesita un cambio muy profundo en todos los países.”
Si, como señala Carrere, “nos empobrecemos con cada barril de petróleo que exportamos,” nos estamos enriqueciendo con cada persona indígena que se alza por sus tierras y sus derechos contra firmas energéticas. No son sólo ejemplos locales de resistencia, sino acciones de importancia global.
También representan la continuación de siglos de resistencia anticolonial. Como dice Stephen Corry de Survival, “las protestas muestran que la era colonial ha terminado por llegar a su fin. Los indígenas del Amazonas ya no están dispuestos a tolerar el tratamiento ilegal y brutal que se ha hecho rutinario. Eso se acabó.”
Por ello las protestas en Perú tienen una importancia global – tanto en términos de la resistencia contra leyes de inversión neocoloniales y en términos de sostenibilidad ecológica. La matanza de Bagua se dirige a todos nosotros. Como lo expresa elocuentemente el portavoz de los indios yanomani, Davi Kopenawa Yanomami:
“Debemos escuchar el grito de la tierra que pide ayuda. La tierra no tiene precio. No puede ser comprada, o vendida o cambiada. Es muy importante que los pueblos blanco, negro e indígena luchen juntos por salvar la vida de la selva y de la tierra. Si no luchamos juntos ¿cuál será nuestro futuro? Nuestros hijos necesitan la tierra y la naturaleza viva y erguida. Nosotros, indígenas, queremos respeto para nuestros derechos. Podéis aprender con nosotros y nuestros chamanes. Es importante no sólo para los yanomami sino para el futuro de todo el mundo.”
Y ponerse de pie es el único remedio efectivo. En medio del derramamiento de sangre en Bagua, el Congreso de Perú actuó esta semana para suspender dos de los decretos de García – los que tienden a abrir la región de la Amazonía peruana a las firmas de la energía y de la minería. La suspensión es temporal (García tiene quince días para firmarlos antes de que sean enviados de vuelta al Congreso, que puede o no enfrentarlo) pero la resistencia crece.
Hoy, 20.000 o más estudiantes, sindicalistas y defensores de los derechos humanos se unieron a los manifestantes indígenas en Lima gritando “la selva no está en venta” y exigiendo una investigación de los acontecimientos en Bagua. Un movimiento sin precedentes está vinculando a los pueblos de la selva peruana con las selvas de sus ciudades, pero queda por ver si Alan García se retractará.
| La muerte de policías en enfrentamientos con nativos en la región peruana de la Amazonia fue un "genocidio" a manos de "salvajes extremistas", acusó el gobierno. Pero el awajún Salomón Aguanash rechaza los calificativos y afirma que la violencia se desató tras ser engañados y rodeados para matarlos. |
Los disparos se iniciaron al promediar las 6 de la mañana desde las quebradas aledañas mientras los indígenas permanecían vigilantes en la carretera, narra el líder de la comunidad de Nazareth, ubicada a tres horas y media de viaje en automóvil desde la ciudad de Bagua, en el departamento nororiental de Amazonas.
"Querían sorprendernos", asegura, tras señalar que el ataque policial también ocupó a tres helicópteros.
La información oficial indica que murieron 24 policías en los enfrentamientos del día 5 en la Estación Número 6 del Oleoducto Norperuano de Petroperú y en la Curva del Diablo en la ruta Fernando Belaunde Terry, mientras que las víctimas indígenas fueron cinco, pero los manifestantes sostienen que fueron muchos más y por eso siguen buscando cuerpos.
Los aborígenes reclaman la derogación de las llamadas "leyes de la selva", decretos legislativos que promueven la explotación de recursos naturales en territorios selváticos que, a su juicio, favorece la presencia de empresas transnacionales en su perjuicio y de la región.
IPS: Usted asegura que la policía les dio una tregua que no cumplió. ¿Cómo fueron las negociaciones antes que empezaran los enfrentamientos?
SALOMÓN AGUANASH: La semana anterior a esos enfrentamientos tuvimos una reunión con el general Víctor Uribe, el representante de la Defensoría del Pueblo y los alcaldes de Condorcanqui, Jaén y Bagua Chica porque en los últimos cinco días habíamos vivido mucha tensión con los conductores de vehículos que eran detenidos en el bloqueo carretero.
El general nos dijo que facilitáramos el tránsito para demostrar al gobierno (nacional de Alan García) que era una marcha pacífica. Por ello aceptamos y ese día se dio pase a los vehículos entre las 2 y 6 de la tarde.
Hasta ahí hubo entendimiento, pero a pesar que se dijo que el diálogo iba a ser permanente con la policía, luego no pudimos conversar con el general hasta cinco días después.
Quedamos para el jueves 4 a las 3 de la tarde, pero como a la reunión en El Reposo se aparecieron casi 7.000 personas, se postergó la reunión para las 6 de la tarde en el campamento El Valor de Petroperú. Ahí solo fuimos una comitiva pequeña.
IPS: ¿A qué se comprometió el general Uribe en esa reunión?
SA: Primero nos dijo que él no tenía más tiempo, porque estaba fuera de su nivel y que arriesgaba su cargo ya que había recibido orden superior. Y dijo que había escuchado por la radio que había orden de desalojo y que lo único que le interesaba hablar en la reunión era sobre el pase de los camiones.
Si no salíamos de la carretera, iba a aplicar la orden en la mañana. Por eso es que le pedimos que nos dé una tregua hasta las 10 de la mañana. Él dijo que ya, que confiáramos en su palabra y que, si él no daba la orden, los equipos que estaban allí no podían dar ni un paso.
El alcalde y el obispo de Jaén le dijeron que no provoque a los pueblos indígenas porque podía haber derramamiento de sangre. Entonces, el general aceptó la tregua.
IPS: ¿Por qué no se alistaron para retirarse cuanto antes?
SA: En la Curva del Diablo había más de 3.600 concentrados y debíamos conseguir movilidad, camiones. Esa era la estrategia, no crear nada de violencia. Como a las 5 de la mañana no pasaba nada, nosotros nos confiamos. Pero a eso de las 05:50 horas empezó a aparecer mucha gente por los cerros.
Los compañeros empezaron a subir y a gritar: ¡es la policía, es la policía! Entonces llamé al (teléfono) celular del general para que no haya mayor violencia, pero no respondió.
Mientras tanto los policías seguían saliendo del cerro y empezaron a disparar. Nos rodearon, querían sorprendernos. En ese momento cayeron dos hermanos. Ahí se levantó el hermano Santiago Manuim (reconocido dirigente indígena del Alto Marañón) para pedirle a los policías que no disparen, pero una bala le cayó en el estómago.
IPS: ¿Es verdad que el disparo contra Manuim exacerbó los ánimos de los indígenas y esto los llevó a atacar a los policías?
SA: Los hermanos empezaron a atacar a los policías cuando vieron a los dos primeros muertos. Luego de los disparos por los cerros, llegaron a los 10 o 15 minutos tres helicópteros, uno de las Fuerzas Armadas y dos de la policía, desde donde disparaban bala directo al cuerpo. No sólo lanzaron bombas lacrimógenas sino también unos aparatos que empezaban a encender fuego en los cerros. Si miran las fotos, los cuerpos están quemados.
En ese momento hubo dos tipos de reacciones: algunos que se entregaban a morir y otros que respondían con mucha cólera con sus lanzas. La gente empezó a correr y a dispersarse para salvar su vida, quién sabe si esas balas de los helicópteros le cayeron a los mismos policías.
Al rato, dos tanquetas de la policía empezaron a disparar desde la carretera. Si la policía quería desalojarnos, porque desde el principio no vinieron por ahí y prefirieron sorprendernos por los cerros. La orden era matarnos.
IPS: ¿Quién tiene la culpa de lo sucedido?
SA: El gobierno central (de García), Mercedes Cabanillas (ministra del Interior), el premier Yehude Simon y también el general Uribe porque me pidió que manejara la situación con inteligencia y yo acepté desalojar la zona pero él no cumplió.
Incluso esa misma noche del jueves yo regresé a hablar con los hermanos y conversamos con los de los camiones para que se pusieran en orden porque al día siguiente íbamos a dar pase (al tránsito carretero). Nosotros calculábamos que nos íbamos a ir entre las 8 y 9 de la mañana.
IPS: ¿Es posible que sólo haya cinco o seis nativos muertos, y más de 24 policías?
SA: No creo en eso, nosotros que estábamos desarmados, cómo podemos matar a 24. No creo que todos nuestros hermanos se hayan escapado y por eso estamos preocupados para recuperar nuestros cadáveres.
Aunque en mi comunidad Nazareth, en otras como Wawas y La Curva todos ya han retornado, nos preocupada los hermanos de Santiago, Nieva y Cenepa porque hay 85 que aún no regresan a sus pueblos.
También hay dos más que faltan en la comunidad de Tutungos. Yo sé quiénes faltan porque antes de salir a la protesta, 15 días antes del viernes 5, hice un registro de todos. De las cinco cuencas que dirijo salimos 2.600, además se sumaron 140 de la provincia de San Ignacio, de la región Cajamarca, y 1.006 de la comunidad de Paután del distrito de Nieva en Amazonas. En total, éramos más de 3.600.
IPS: El presidente Alan García ha calificado de genocidio la muerte de los policías a manos de los nativos y de salvajismo extremo, ¿qué tienen que decir al respecto?
SA: Que nos sentimos marginados y también indignados sobre todo después de haber perdido tantas vidas de los hermanos indígenas y los hermanos policías que nada tienen que ver con nosotros. Ellos no tienen la culpa, la orden la dio el gobierno central.
El presidente dice que ha sido por la influencia de otros países, eso es falso. Si hubiese sido así, hubiésemos estado armados, nosotros somos gente humilde y con estas palabras el gobierno nos maltrata, esperamos que reflexione y derogue los decretos que hoy sólo se mantienen por el capricho del gobierno que ha provocado este conflicto entre los wampis-aguajún y los policías.
IPS: El gobierno asegura que ustedes se oponen al progreso, ¿cómo entienden ustedes el desarrollo?
SA: No rechazamos el desarrollo, queremos el progreso, pero hace tiempo nos han separado como si perteneciéramos a otros países, no nos han tomado en cuenta. No nos han traído el desarrollo agrario ni económico con sus propuestas.
El país ha cometido un grave error al elegir a Alan García por segunda vez. Con su política, pretende tratarnos como terroristas. Le repito, no rechazamos el desarrollo sino que esto no puede ser pensado sólo desde los hombres de corbata del gabinete de ministros sino considerando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución.
Nosotros desconocemos el tipo de desarrollo que nos ofrece el presidente, porque no es sostenible y atenta contra la Amazonia que es patrimonio de todos. Por eso, si el gobierno insiste en marginarnos y en no derogar los decretos, ya no vamos a bloquear carreteras sino vamos a poner nuestro hito (límite) para establecer hasta donde las autoridades puedan ingresar en nuestros territorios.
IPS: ¿Qué representa el territorio indígena para ustedes?
SA: Nuestro territorio es nuestro mercado, nuestra madre. Nosotros no tenemos supermercados como las grandes ciudades sino que tenemos que recorrer dos o tres días para cazar animales y buscar nuestra comida en el bosque. Todo lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia está ahí. Por ello es que lo defendemos con nuestras vidas.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92423
Masacre en la Amazonia: la guerra por los bienes comunes
A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo—parte de la carretera que une la selva con la costa norte—que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.
La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo1. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció "haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos" en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua2.
El presidente García acusó a los indios de "terroristas" y habló de una "conspiración internacional", en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor3. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la "guera del gas" en octubre de 2003.
Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como "salvajes", "asesinos feroces" y "extremistas" que siguen "consignas internacionales" para "detener el desarrollo del Perú" e impedir que el país "disfrute de su petróleo". El anuncio asegura que no hubo represión sino "un asesinato salvaje de policías humildes"4.
El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como "delincuente" por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de "haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía" y amenazó con una demanda por terrorismo.
El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.
El perro del hortelano
El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicio y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.
El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.
La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.
El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título "El síndrome del perro del hortelano". Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: "El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista".
En su opinión, los que se oponen a la explotación intesniva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que "no come ni deja comer". "Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica", dice en su artículo.
"El primer recurso es la Amazonia", asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de "5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología".
Sobre la tierra, apunta que no se debe "entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir", y que "esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología". Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas "tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente".
El TLC y los Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento "para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso"5.
En consecuencia, el informe establece que "tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma", cuestión que "ameritaría su derogación" por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL "se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia", sin relación estricta con el TLC6.
Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de lacomunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.
El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.
El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de "caprichos". El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una "amenaza para la Amazonia". El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.
El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión7, establece en sus conclusiones que el decreto "no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas". Además señala que "contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica".
En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.
El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno "aplicar la ley" para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano "suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas" y "evitar cualquier acción, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto"8.
El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.
La masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue "el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas", ya que "se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido". La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.
Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado "Masacre de los penales de Lima", hace un breve y estremedor relato de esos hechos: "En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa".
La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.
Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intensidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.
En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.
Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: "Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad"9.
Foto: Perú, Bagua - Los hechos del 5 de junio dejaron un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos. / Autor: INTERCONTINENTALCRY
Notas:
1) Servindi, 9 de junio de 2009.
2) Idem.
3) La Jornada, 7 de junio de 2009 en base a cables de Reuters, AFP y DPA.
4) Página 12, 10 de junio de 2009.
5) Francisco Eguiguren, ob. cit. p. 96.
6) Idem p. 97.
7) "Informe sobre DL 1090. Comisión de Constitución y Reglamento", 19 de mayo de 2009 en www.servindi.org.
8) Cronología extraída de Lucha Indígena No. 35 y Ana Maria Vidal ob. cit.
9) Lucha Indígena No. 34.
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales.
http://www.argenpress.info/2009/06/masacre-en-la-amazonia-la-guerra-por.html
Piden el cese de las actividades petroleras en Perú
El pasado viernes 5 de junio en Bagua, norte de Perú, las fuerzas del orden del gobierno de Alan García dispararon contra los manifestantes nativos que bloqueaban la ruta transamazónica y habían retenido como rehenes a varios policías, provocando al menos 30 muertos, 140 heridos y un número indeterminado de detenciones. En nueve municipios selváticos lleva decretado el estado de emergencia desde el 9 de mayo, quedando suspendidos los derechos constitucionales de libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y las libertades de reunión y tránsito, y pudiendo las fuerzas de seguridad detener ciudadanos discrecionalmente, allanar viviendas o locales e impedir la circulación y las concentraciones.
Estos enfrentamientos son resultado de un conflicto entre indígenas de la selva y el gobierno a causa de la explotación de las riquezas petroleras. Inmensas reservas han sido descubiertas en la región lo que tiene dramáticas consecuencias para las comunidades originarias que obtienen sus recursos del bosque y agua. La Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a más de 60 etnias y unas 1.500 comunidades de la Amazonía, inició el pasado mes de abril movilizaciones con la toma de instalaciones petroleras, corte de rutas terrestres y fluviales y anuncios de cortes del oleoducto norperuano y el gaseoducto del sur. El levantamiento indígena exige la derogación de 11 decretos legislativos varios de ellos aprobados como parte de un paquete legislativo de adecuación a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Según los indígenas afectan a los intereses nacionales y propician la depredación de su hábitat, al hacer viable la entrega de la Amazonía a intereses privados. La protesta exige además el cese o la severa regulación de actividades depredadoras mineras y petroleras.
Repsol ha invertido 2.200 millones de dólares en Perú, siendo este país el tercer receptor de inversiones de la compañía, en el que dispone del Bloque 39 con una extensión de 886.000 hectáreas. Hace unos meses Alan García festejó públicamente el descubrimiento de crudo en estas áreas. Ahora el proyecto espera la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para iniciar la fase de explotación petrolera. La intención de la empresa de penetrar esta región, limítrofe con las Zonas Intangibles preservadas por el Gobierno ecuatoriano para salvaguardar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane, amenaza directamente el futuro de los pueblos nativos no consultados. Otros grupos como los Aushiris o Abijires, los Pananajuris y Taushiros se ubican en la frontera, fluctuando entre Ecuador y los bloques peruanos 67 y 39. La mortalidad de las poblaciones aisladas durante el contacto supera el 50% en los primeros años, por lo que las intenciones de ingresar en estos territorios implican un homicidio anunciado, tal y como denuncian diversas organizaciones. Otras compañías petroleras como la colombiana Ecopetrol y la francesa Perenco pretenden ingresar en otros bloques amenzando a distintos pueblos indígenas.
Ecologistas en Acción pide, por todo ello, el cese inmediato de la actividad petrolera que atenta contra la soberanía y los derechos de los pueblos indígenas y la retirada de la empresa Repsol de la región amazónica. Repudia los hechos acontecidos en Bagua y exhorta al Gobierno de Perú a suspender de forma inmediata el estado de sitio y al cese de la violencia contra la población, así como a la puesta en marcha de una investigación independiente de los sucesos. Ecologistas en Acción se ha sumado al “manifiesto de Bagua” suscrito por diversas organizaciones y estará presente en las concentraciones convocadas el jueves 11 de junio en el Consulado de Perú en Barcelona y la Embajada de Perú en Madrid, que coinciden con otras movilizaciones en París, Milán, Turín, Roma y Bruselas entre otros lugares, así como con la jornada nacional de lucha y la marcha de apoyo a la lucha amazónica en Perú.
Para saber más:
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique57
http://repsolmata.ourproject.org/
Derechos indígenas vs. derechos de las transnacionales
Los recientes acontecimientos en Perú han puesto sobre la mesa un asunto de suma importancia, como es el ejercicio de los derechos. Las últimas décadas han visto como en el plano internacional, refrendado en gran medida en los ámbitos nacionales, se han ido aprobando toda una importante serie de declaraciones, convenios y pactos que establecían, en mayor o menor medida, los derechos humanos individuales y colectivos. Esta sucesión de avances se ha celebrado permanentemente como un éxito continuo que define cuales son esos derechos y establece la posibilidad de identificar también a aquellos responsables de sus violaciones. Además de establecer su carácter de universales (son aplicables para todos los seres humanos)
, inalienables (nadie puede ser privado de ellos, salvo en determinados casos y conforme a derecho)
, indivisibles, interconexos e interdependientes (no basta con respetar algunos derechos humanos si otros se violan. Todos tienen la misma importancia).
Sin embargo, la práctica se aleja permanentemente de la realidad teórica y nos muestra la cruda realidad. Una cosa es aprobar derechos y otra, muy distinta, es ejercerlos. De hecho, éste es el mayor problema y cuando él mismo se pretende saltan todas las alarmas del sistema político y económico en su contra. Perú ratificó en 1993 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, posteriormente, ha sido uno de los defensores para la aprobación, en 2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos instrumentos internacionales establecen, aunque con algunas carencias aún, los derechos individuales y colectivos de los 370 millones de personas que conforman estos pueblos en el planeta.
Pero, esa aparente actitud democrática y defensora de derechos choca frontalmente con el sistema económico internacional, con los intereses de las multinacionales y su “derecho apropiado” a la explotación de todos los recursos naturales o, por lo menos, de todos aquellos que generan a estas empresas importantes beneficios. Así, una cosa es ser sujeto de derecho sobre el territorio y recursos y otra cosa es ejercer el mismo cuando éstos están en la mira de las multinacionales y/o tratados de libre comercio, como es el caso.
Se desconoce conscientemente que la cultura y la vida, así como la identidad de los pueblos indígenas, están directamente ligadas a los territorios donde éstas se desarrollan. En este sentido, la pérdida del territorio lleva consigo consecuencias de toda índole: económicas, espirituales, sociales y políticas. El efecto más grave es el socavamiento de las estructuras socio-culturales y de la identidad como pueblo.
Esto, por que la visión que estos pueblos tienen del territorio difiere totalmente de la concepción capitalista y occidental. Para ésta última la tierra no tiene sino un valor económico en su explotación y en su propiedad; para los pueblos indígenas, el territorio lo conforma no solamente la capa superficial de la tierra sino que éste incluye las aguas, el aire, el subsuelo y, en suma, todos aquellos elementos que en su conjunto definen la identidad de un pueblo, siendo éste parte de ese territorio y no el ser superior y explotador del mismo.
Por esta razón, el derecho a la tierra y el territorio es un derecho inalienable, y su reconocimiento y ejercicio elemento central en las principales reivindicaciones indígenas.
Ante lo anterior, el gobierno peruano aduce que unos miles de indígenas (400.000) no pueden obstaculizar el desarrollo económico del país.
Sin embargo, es público y comprobado que muchos de los programas de desarrollo económico, especialmente los llevados a cabo por las multinacionales así como por las instituciones pilares del sistema capitalista como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etc., con los pueblos indígenas, en cualquier parte del continente americano, han sido impuestos y casi nunca consultados, trasladando previsiones y requisitos ajenos que han causado la desaparición de sus bases económicas y la desestructuración sistemática de sus culturas. En esta línea, han sido vistos en muchas ocasiones como obstáculos para el desarrollo, excluyéndoseles de los procesos implementados y de los niveles de decisión. Desde fuera se dicta el camino del desarrollo que deben seguir, como si fueran menores de edad desconocedores de aquello que más les conviene. Se obvia otro derecho reconocido, cual es el que se define como consentimiento libre informado previo (o fundamentado), que traspasa el simple derecho a la consulta e implica el derecho a decir “no” a cualquier actividad de desarrollo propuesta que pudiera afectar negativamente a las tierras y territorios indígenas, así como a su integridad cultural, social y política.
En suma, y aunque así se reconoce en la teoría, en la práctica real podemos afirmar que se niega a los pueblos indígenas su propia capacidad de gestión, sus propios métodos a la hora de solucionar sus problemas y, lo que es más grave, su capacidad de hablar en su propio nombre. Se niega el ejercicio del derecho reconocido.
En el caso que nos ocupa la obligación de consultar a los pueblos indígenas y promover su participación en/sobre cualquier proyecto que les afecte se incumple flagrantemente y se aprueban, por parte del gobierno peruano, toda una serie de decretos que abren la selva amazónica a la venta y explotación de sus recursos naturales por parte de las transnacionales. Como en tantas ocasiones, el resultado final es conocido: millones de dólares de beneficios para estas empresas; alguna posta sanitaria y letrinas para las comunidades indígenas, además del territorio deforestado, los ríos contaminados y las comunidades desarticuladas política, social y culturalmente, además de hundidas en una profunda miseria. Pero todo se hace en “aras del beneficio nacional” aunque, incluso en ese plano, Perú seguirá siendo un país dependiente y con los mayores índices de pobreza del continente, excepto su pequeña clase dominante, la cual gozará de las migas de riqueza que reparten las transnacionales a cambio de abrir el país a su explotación.
Y mientras tanto, la comunidad internacional mira para otra parte, ni tan siquiera pregunta que pasó realmente en los enfrentamientos que el gobierno peruano ha planteado como ataque salvaje a la policía por parte de los atrasados indios; no preguntará por los desaparecidos, por las sospechas de cadáveres indígenas quemados, arrojados a los ríos o enterrados en fosas comunes, denunciados permanentemente por la población afectada. Ni tan siquiera planteará la necesidad de una misión de verificación internacional que pueda esclarecer lo ocurrido. Se aludirá para ello al respeto a la soberanía de los estados y que estos hechos son cuestiones internas sobre las que no se pueden inmiscuir terceros. Sin embargo, no se respeta esa misma soberanía nacional cuando se protege y se impulsa la entrada de las multinacionales en esos estados a los que se ha condenado al papel de proveedor de materias primas para el mundo rico.
Como decimos, una cosa es reconocer derechos, otra muy diferente, reconocer el derecho a ejercer esos derechos.
Comienzo señalando una diferencia entre la “modernidad” y la cosmovisión indígena:
El mundo civilizado ve el pasado como algo superado. “Primitivo” tiene implicancia peyorativa. Lo moderno, lo último, es lo mejor.
En mi idioma, el quechua, “Ñaupaq” significa “adelante” y a la vez “pasado”. “Qhepa” significa “posterior”, en el lugar y en el tiempo. No miramos con desprecio el pasado, aprendemos mucho de su ética.
Ahora vemos que “el progreso” está llevando a la extinción de la especie humana a través del calentamiento global y de muchas otras formas de ataque a la naturaleza.
¿Qué son los pueblos amazónicos?
La población amazónica peruana abarca al 11% de la población. Habita la más extensa de las tres regiones naturales del Perú (costa, sierra y selva), ocupa el norte, centro y sur orientes. Habla decenas de lenguas y está compuesta de decenas de nacionalidades.
Los habitantes de la selva sudamericana son los indígenas menos contaminados por la “civilización”, cuya etapa actual es el capitalismo neoliberal.
No fueron conquistados por el incanato, tampoco los invasores españoles los dominaron. El indígena serrano rebelde Juan Santos Atawallpa, al ser acosado por las tropas españolas, se replegó a la selva, al seno de esos pueblos, una de cuyas lenguas había aprendido, las fuerzas coloniales no consiguieron vencerle.
En la época de la explotación del caucho ingresó el capitalismo a la selva donde redujo a la esclavitud y masacró a poblaciones nativas, por esa razón muchas de ellas se mantienen hasta hoy en aislamiento voluntario, no desean ningún contacto con la “civilización”.
Los hermanos amazónicos no comparten los prejuicios de origen religioso del “mundo civilizado” de cubrirse el cuerpo con trapos aunque haga un calor intenso. La fuerte ofensiva moral de los misioneros religiosos y las leyes que defienden esos prejuicios han conseguido que algunos de ellos deban cubrirse partes del cuerpo, especialmente cuando van a las ciudades.
Se sienten integrantes de la Madre Naturaleza y la respetan profundamente. Cuando tienen que cultivar no hacen sembríos de un producto. Despejan un lugar del bosque, ponen en él diferentes plantas de distinta contextura, de diferente ciclo vital, juntas, imitando la naturaleza. Un palto o aguacate y enredado en él una calabaza, al lado un plátano, maíz, yuca (mandioca), una palmera de frutos comestibles. Luego de un tiempo devuelven ese lugar a la naturaleza y abren otro lugar para el cultivo.
Salen de cacería y recolección, cuando ven algo digno de ser cazado lo hacen, pasan por su cultivo, si ven que algo está maduro, lo recogen, si notan que hay que hacer algún arreglo lo hacen, después de un tiempo regresan a su vivienda, no se puede afirmar si han estado paseando o trabajando.
Beben el agua de ríos y arroyos y también se alimentan de peces.
Inclusive los indígenas serranos, más contaminados por la “civilización” les califican de ociosos, no quieren “progresar”, sólo quieren vivir bien.
Habitan chozas colectivas. No hay “partidos” ni votaciones, su organización social y política es la comunidad. No manda el jefe, manda el personaje colectivo, la comunidad.
Ellos han vivido ahí desde milenios antes de la invasión europea, milenios antes de la constitución del Estado Peruano que jamás les consultó para elaborar sus leyes con las cuales ahora les ataca pretendiendo exterminarlos.
Las empresas multinacionales
Esa vida apacible como parte de la naturaleza ahora se ve agredida por la voracidad de las empresas multinacionales: Extractoras de petróleo, gas y minerales, depredadoras de los bosques.
A esas empresas, como reza la religión neoliberal, no les importa la agresión a la naturaleza ni la extinción de la especie humana, lo único que les interesa es la obtención de la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible.
Envenenan el agua de los ríos, arrasan los árboles convirtiéndolos en madera: Matan la selva amazónica, madre de los nativos amazónicos. Eso es también matarlos a ellos.
Hay abundante legislación peruana que los protege, entre otras el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que es ley de nivel constitucional pues fue aprobada por el Congreso. Ese convenio estipula que cualquier disposición sobre los territorios indígenas debe ser consultada con las comunidades. También existen leyes de protección del medio ambiente.
Pero la legislación peruana es apenas un pequeño obstáculo para las grandes compañías que mediante el soborno logran poner a su servicio a todo el Estado Peruano: Presidente de la República, mayoría parlamentaria, Poder judicial, Fuerzas Armadas, Policía, etc. Los medios de comunicación también están en sus manos.
Al servicio de esas empresas que son sus amos, Alan García ha elaborado la teoría del “perro del hortelano”. Señala que los pequeños campesinos o las comunidades indígenas, como no tienen grandes capitales que invertir, deben dejar el paso libre a las grandes compañías depredadoras de la naturaleza como las compañías mineras en la sierra y las extractoras de hidrocarburos en la selva. En todo el territorio nacional deben dejar el paso libre a las grandes compañías agroindustriales que matan el suelo con el monocultivo y los agroquímicos y que trabajan productos de exportación y no para el mercado interno. Según él esa es la política que se necesita para que el Perú progrese.
Para implementar esa política obtuvo del Poder Legislativo la autorización para legislar, según dijo para adecuarnos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU.
Esa legislación fue una catarata de “Decretos Ley” contra la organización comunal de indígenas de la sierra y de la selva, pues la organización colectivista estorba el saqueo imperialista y abrió las puertas a la depredación de la naturaleza con el envenenamiento de los ríos, la esterilización del suelo con el monocultivo agroindustrial con el uso de agroquímicos y el arrasamiento de la selva con la extracción de hidrocarburos y madera. Aunque la depredación ya lleva tiempo, los D.L la legalizan y agudizan Por falta de espacio no he de hacer un análisis de esos decretos leyes, quien lo requiera que busque otras fuentes.
Reacción indígena
Naturalmente indígenas de la sierra y la selva reaccionaron contra ese ataque y realizan muchas valientes luchas.
Pero es indudable que los indígenas menos contaminados, los que mejor conservan los principios indígenas de amor a la naturaleza, de colectivismo, de “mandar obedeciendo”, del “buen vivir”, son los amazónicos, quienes están a la cabeza de las luchas.
La mayor organización de los indígenas amazónicos es la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP) que tiene bases en el norte, centro y sur de la amazonía peruana. Exigen la derogatoria de los D.L. que afectan su vida impulsando la contaminación de ríos y la tala de bosques.
Su método de lucha consiste en interrupción de vías de transporte terrestre, interrupción del transporte fluvial, muy usado por las empresas multinacionales, toma de instalaciones, toma de un campo de aviación. Cuando viene la represión se repliegan denunciando que el gobierno lo que quiere es represión y no diálogo.
En agosto del año pasado obtuvieron un triunfo logrando que el congreso derogara dos decretos ley antiamazónicos.
Este año iniciaron su lucha el 9 de abril. El gobierno con maniobras evitó debatir con ellos. Y con más maniobras evitó que el parlamento discutiera la inconstitucionalidad de un decreto ley que la comisión parlamentaria encargada de estudiarlo encontró anticonstitucional.
5 de junio
El 5 de junio, día mundial del medio ambiente, fue elegido por Alan García para desfogar su rabia anti-ecológica contra los defensores de la amazonía.
Usó al cuerpo policial especializado en la represión a los movimientos sociales, la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES).
Fueron atacados los hermanos awajun y wampis que bloqueaban la carretera cerca de la población de Bagua. A las 5 de la mañana comenzó la masacre desde los helicópteros y desde tierra. No se sabe cuántos son los muertos. Los policías no permitían la atención a los heridos, a quienes tomaban presos, ni el levantamiento de los cadáveres por los familiares.
Paso la palabra a Juan, quien estuvo en Bagua:
Por asuntos netamente laborales, el día de ayer tuve la oportunidad y el “privilegio” de estar por algunas horas en las ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, el ambiente que se respira es tenebroso, las “historias” que se cuentan son macabras y hasta inverosímiles, pero las personas que lo cuentan son personas que vivieron el terror, son testigos privilegiados de la otra realidad que el Perú oficial, los medios de comunicación, están tratando de ocultar, porque tuve la oportunidad de ver a varios reporteros de canales como el 2, 4, 5, 7, 9 etc. etc. pero no se dice nada de lo que la gente, testigos presenciales, repiten con insistencia y hasta el cansancio de la matanza que se produjo el viernes 05.
Dicen los bagüinos, prácticamente el 100% con los que conversé, producidos los enfrentamientos, controlada la situación, los cadáveres de los nativos quedaron regados por toda la carretera próxima y en las inmediaciones de la Curva del Diablo, la policía tomó el control, de inmediato se declaró el toque de queda, empezó el apilamiento de los cadáveres, la cremación en plena carretera, otros fueron traslados a lugares no determinados, ni ubicados, embolsados y trasladados a los helicópteros de la policía que en un número de hasta 3 apoyaron el operativo. Muchos de estos cadáveres de humildes peruanos fueron arrojados a los ríos Marañón y Utcubamba. Los mestizos de Bagua Chica y Bagua Grande estiman en un mínimo de 200 a 300 muertos de civiles.
Dicen que los hombres no lloran o no deben de llorar, soy un hombre hecho y derecho, en mi vida adulta sólo lloré en tres oportunidades, cuando fallecieron mis padres y dos de mis hermanos mayores, pero anoche viendo el reportaje de enemigos íntimos y recordando lo que en el día y la tarde de ayer fui testigo, les confieso que me puse a llorar como un niño.
Para mí no hay distinción entre los muertos buenos y malos, tanto los nativos y los policías, son seres humanos, los únicos culpables de este horrendo crimen contra la humanidad son los políticos, muy especialmente el APRA, y los fujimoristas.
Amigos y compatriotas, no seamos indiferentes al dolor de nuestros hermanos nativos amazónicos, hagamos llegar nuestra protesta a los medios de comunicación que manipulan, esconden y tergiversan la información, pidamos que los responsables políticos del gobierno aprista sean sancionados, que los decretos en su totalidad sean derogados ¡¡¡¡Ahora!!!!
Muchas gracias por haber leído mi experiencia.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) relata: "Familiares y amigos buscan personas que podrían encontrarse refugiadas. Van a buscarlos a Bagua Grande, Bagua Chica y al cuartel Militar El Milagro y no los encuentran". Llama la atención sobre "la poca o nula información que dan las autoridades a los familiares". Además, Aprodeh informó de la existencia de 133 detenidos y 189 heridos.
Mencionó también que las personas detenidas en el cuartel El Milagro se hallan en esta instalación militar desde hace 7 días sin una papeleta de detención que respalde esta privación de la libertad. Se comprobaron maltratos hacia algunos detenidos.
Los hermanos amazónicos se defendieron con lanzas y flechas; luego usaron las armas arrebatadas a los agresores. La ira hizo que tomaran una instalación petrolera en la que capturaron a un grupo de policías a quienes condujeron a la selva, ajusticiaron a algunos de ellos.
La población mestiza urbana de Bagua indignada por la masacre asaltó el local del APRA, el partido de gobierno y oficinas públicas, quemando sus vehículos. La policía asesinó a varios pobladores, entre ellos niños.
El gobierno decretó suspensión de garantías y toque de queda a partir de las 3 p.m.
Amparados por estas medidas los policías entraban a las casas a capturar nativos refugiados en ellas. Muchos de ellos debieron refugiarse en la iglesia.
No se sabe el número de presos y éstos no pueden tener el auxilio de abogados.
Se menciona centenares de desaparecidos.
Solidaridad
Afortunadamente la solidaridad es conmovedora.
En el Perú se ha organizado un frente de solidaridad.
El día 11 hubo manifestaciones de protesta por la masacre en varias ciudades del país: En Lima, que tradicionalmente se encuentra de espaldas al Perú profundo se menciona 4,000 personas, que hicieron la marcha bajo la amenaza de 2,500 policías, hubo enfrentamiento cerca del local del Congreso de la República.. En Arequipa más de 6 mil, en la zona de La Joya hubo bloqueo de la carretera Panamericana. En Puno hubo paralización de actividades, se atacó la sede del partido de gobierno. Hubo manifestaciones en Piura, Chiclayo, Tarapoto, Pucallpa, Cusco, Moquegua y muchas otras ciudades.
En el exterior son numerosas las acciones de protesta frente a las embajadas peruanas, tenemos noticias de Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, París, Grecia, Montreal, Costa Rica, Bélgica, entre otras.
Ha levantado su voz de protesta la encargada de asuntos indígenas de la ONU.
También se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hay periódicos del exterior que denuncian la masacre, como La Jornada de México.
La cólera aumenta por las declaraciones de Alan García a la prensa europea de que los nativos no son ciudadanos de primera categoría.
La lucha continúa
La selva sigue movida:
En el norte,Yurimaguas.
En el centro, Chanchamayo, Satipo.
En el sur la zona Machiguenga del Cusco.
Y otras regiones.
Los hermanos amazónicos y quienes les apoyan exigen la derogatoria de los decretos leyes 1090, 1064 y otros, que abren las puertas a la depredación de la selva.
A pesar de que la comisión del parlamento encargada del tema dictaminó la derogatoria de algunos decretos leyes por ser anticonstitucionales, la cámara optó por no discutirlos y declararlos “en suspenso” como quería el APRA. A 7 congresistas que protestaron por esta irregularidad los suspendieron por 120 días, de modo que la ultraderecha del parlamento (APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo) tendrá en sus manos la elección de la próxima mesa directiva del parlamento.
El gobierno ha creado una “mesa de diálogo” en la que se excluye al organismo representativo de los indígenas amazónicos, AIDESEP, cuyo dirigente ha tenido que refugiarse en la embajada de Nicaragua pues el gobierno lo acusa de los crímenes del 5 de junio ordenados por Alan García.
La lucha amazónica ha de continuar, exigiendo el respeto a la selva.
Los nativos amazónicos saben que lo que está en disputa es su propia supervivencia.
Esperamos que la población mundial tome conciencia de que ellos están luchando en defensa de toda la especie humana, ya que la selva amazónica es el pulmón del mundo.
Carta abierta al presidente del Perú, señor Alan García
La brutal respuesta del Estado peruano en Bagua, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, a la resistencia indígena en defensa de la Madre Naturaleza (tras 56 días de movilización amazónica, fracaso del diálogo y postergación de la derogatoria de varios decretos legislativos) , ha costado la vida de numerosas personas y el desplazamiento de cientos de familias en busca de resguardo para evitar ser víctimas mortales de la acción represiva de la fuerza pública.
La supuesta ‘conspiración internacional’ denunciada por su gobierno, es una farsa. Los pueblos indígenas del Continente sólo están reclamando consulta, participación, respeto a las comunidades originarias y salvaguarda de la naturaleza. Están rechazando en forma enérgica la subordinación de la clase política y de los empresarios nacionales a los poderosos intereses de las compañías transnacionales. Muestran con dignidad su rostro y se movilizan por la identidad, las culturas ancestrales y el vínculo íntimo de ‘vida humana - Madre Naturaleza’. Emergen, se levantan y luchan en contra de una concepción de desarrollo que empobrece a la gente, mata paulatinamente al planeta Tierra y envilece los verdaderos intereses nacionales en cada país. Esa es la ‘conspiración internacional’ a la cual Usted y su gobierno aluden.
Por tal motivo, me uno al clamor de los ciudadanos y ciudadanas de mi país y del mundo y demando de Usted y su gobierno el cese de la represión en Bagua, se levante el estado de emergencia y toque de queda en la Amazonía, se detenga la persecución en contra de la población y dirigencia, y se realice una investigación internacional para una aclaración total de los hechos en los cuales se perdieron vidas humanas y lo cual condenamos enérgicamente en esa región, así como se dé paso al irrestricto respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. El ejercicio de derechos no debe criminalizarse. La represión estatal debe ceder espacio a la búsqueda racional de soluciones mediante el diálogo y la negociación con voluntad política real.
Atentamente,
Rigoberta Menchú Tum
Me comunica la producción que precisamente tengo en línea a James Petras. James, ¿cómo te va?
Petras: Muy bien Chury, ¿y tú?
Chury: Muy bien, gracias. El gusto de escucharte.
Chury: Petras, quería arrancar preguntándote cómo has visto los resultados del proceso electoral iraní y esta segunda etapa de Ahmadineyad.
Petras: En primera instancia es otro ejemplo de cómo los medios y las clases dominantes tratan una derrota electoral. Es decir: hablan mucho de la democracia pero cuando las elecciones van contra su candidato, encuentran excusas y pretextos para no aceptarlo y lanzarse a las calles quemando edificios, coches, etc. Es curioso que la burguesía que cualquier manifestación pacífica de izquierda siempre la denuncia por violenta pero cuando sus gentes actúan con mucha violencia quemando propiedad pública no dice nada. Dice que la policía está golpeándolos. Pero ojo: una cosa similar en Estados Unidos e imagino que en otros países, resulta en muchos muertos. Aquí hay cero tolerancia de cualquier actividad vandálica contra cualquier edificio. Y matan aquí, no golpean como hicieron en Irán. Pero en todo caso el resultado no es una gran sorpresa. Y eso hay que discutirlo en más detalle.
Chury: Muy bien. ¿Qué me dices de la situación circunscripta a la América del Sur, pero el papel de Perú en este momento, las matanzas de indígenas, la presidencia de Alan García, un hombre de los EE.UU., un asistente de la IV flota?. ¿Qué es Perú en este momento?
Petras: Perú es el principal aliado de los EE.UU. en Los Andes, aparte de Colombia.En Ecuador en Bolivia y incluso en Chile no son exactamente en el bolsillo de Washington. Alan García es el principal apoyante de la política norteamericana dirigida contra Bolivia, Venezuela y Ecuador. En ese sentido es un aliado que Obama apoya incondicionalmente y hay que identificar las razones, principalmente el hecho de que el señor García es un apoyante del tratado de libre comercio que han firmado, cuando en América Latina hay una enorme ola rechazándolo. Segundo, como consecuencias de eso, han bajado los impuestos y las regalías para las compañías de explotación de los minerales. Tercero, han aumentado las ganancias para cualquier inversionista especulador, más allá que cualquier otro país en América Latina. Y eso junto con su papel como enemigo de las reformas y las políticas de Venezuela, marcan al señor García como el principal cipayo cliente de la Casa Blanca. Por eso por ejemplo, el locuaz Obama no dijo una palabra para condenar la masacre, no critica la intervención en la prensa en Bagua donde estaba la protesta popular. No habla porque están generando docenas de presos políticos en las cárceles infrahumanas de Perú. Obama es el gran hipócrita mundial: no dice nada, no han hecho una condena y la embajada ha apoyado todas las medidas del señor García contra el pueblo, a pesar de las enormes protestas de todas las comunidades indígenas; 1.300 comunidades en la Amazonia han formado una red de organizaciones sociales para actuar en defensa de sus derechos contra la intervención del estado para las multinacionales.
Chury: Hay una expectativa de elecciones en Argentina y más allá de que los gobiernos anteriores de la era Kirchner no eran gobiernos ni socializantes ni de izquierda, uno tiene la sensación de que la Argentina está en una regresión hacia el dominio de los terratenientes y cuando los terratenientes tienen el dominio después lo tienen los militares. Esa es la historia en la Argentina por lo menos. ¿Cómo ves esta expectativa electoral en ese país?
Petras: Hay que tomar la perspectiva histórica. Después del quiebre del año 2001, los levantamientos, el derrocamiento de De La Rúa y otros 3 candidatos peronistas y las calles en manos del pueblo, el balance de fuerzas era muy radicalizado en favor del pueblo de izquierda. Cuando las fuerzas en la calle no pudieron tomar el poder y formar su propio gobierno, surge un candidato populista como es el señor Kirchner. Sube Kirchner y los primeros dos años tomó posiciones más populistas, más contra la desocupación y aprovechando los altos precios de las exportaciones para mantener un tipo de equilibrio entre la burguesía, los grandes latifundistas, los pobres y los otros sectores. Después, con el tiempo, empieza a moverse más del centro izquierda hacia el centro. Y cuando ya fue elegida Cristina Fernández, el ritmo político empezó a cambiar hacia los sectores derechistas y los grandes latifundistas. Con las protestas en las calles, ahora muy animados por las grandes ganancias que tenían con el boom de la soja y otros productos, ellos fortalecieron y empujaron sus ventajes. Y este péndulo que empieza desde la extrema izquierda, pasando hacia el centro-izquierda de Kirchner y ahora pasando hacia el centro-derecha, ha facilitado la posición de la derecha en la situación actual. Lo unico quepodría cambiar eso es un empuje desde abajo con la vuelta de las movilizaciones.Porque la crises economica que ahora esta afectando
Argentina , no da ningún margen para balancear fuerzas. No hay recursos del gobierno para compensar a latifundistas, burguesía, desocupados, empleados públicos. Los pocos recursos indican que hay que elegir y en esta situación yo creo que las selecciones últimas del gobierno, las decisiones últimas, están favoreciendo a la derecha y la derecha está ganando fuerza.
Chury: Petras, nos vamos al viejo continente manifestado en elecciones europeas en una fuerte derechización. Ahora, de acuerdo a la conducta de las izquierdas en esa parte del mundo, uno se pregunta, cuáles son los niveles de cambio reales. ¿Tú cómo lo ves?
Petras: Hayun movimiento hacia la derecha en el sentido de que los laboristas están perdiendo fuerza. Berlusconi es fuerte.La izquierda como no se diferencia mucho de la derecha, incluso en el caso de los laboristas eran tan neoliberales, tan en favor del City de Londres, que el pueblo está votando un castigo, más que nada por la corrupción de los parlamentarios. Y lo mismo en Italia: lo que no existe en Italia es una oposición claramente diferenciada de la política liberal. Desapareció el partido comunista, la refundación se metió con los partidos burgueses y no queda una alternativa clara. Fíjate: hay huelgas generales millonarias en Italia, mientras Berlusconi gana el 40 % del voto y la Liga del norte también ha aumentado el voto, porque tienen una política clara, reaccionaria: culpar a los inmigrantes como los chivos expiatorios por los problemas y falta la alternativa clasista. Lo mismo uno puede identificar en Alemania donde los socialdemócratas comparten el gobierno con la derecha democristiana y están pagando el costo porque los apoyantes de la derecha están satisfechos pero los apoyantes de la social democracia, incluso de la izquierda más radical, no muestran grandes alternativas entonces la gente no los vota. El gran ganador en estas elecciones, más que la derecha, son los abstencionistas, que superaron por mucho el voto de todos los partidos. Y principalmente los abstencionistas son de las clases populares, que sienten que no tienen una alternativa. Nadie habla del hecho de que los conservadores en Inglaterra, Sarkozy, y los otros, no aumentaron el voto popular. Si mantuvieron el voto popular pero en términos de diputados elegidos sí aumentaron porque juntando la abstención con el voto estable, ganaron mayorías mayores en el Parlamento europeo. Quiero anotar dos cosas que debemos tomar en cuenta. Cuando en las elecciones de El Líbano dicen que fue una gran victoria por la pro occidental, es mentira porque por el voto popular ganó la alianza de Hezbollá pero la distribución de diputados es muy desigual. Los cristianos y los otros partidos tienen garantizada una cuota en porcentaje de votos de diputados, que va en desproporción con el porcentaje de votos. Si fuera un diputado por cada voto, la alianza de Hezbollá controlaría más del 56 por ciento del Parlamento. Entonces a pesar de ganar las elecciones populares se queda en minoría. Y lo mismo ha pasado ahora con Irán donde el gobierno consigue un porcentaje del 60 y pico y los acusaron de fraude. Pero si nosotros tenemos una perspectiva de América Latina no nos sorprende el resultado, porque el gobierno es un gobierno muy similar a gobiernos populistas de Perón, de Vargas, etc. Han dado mucho dinero a la gente popular: subvenciones cancelando deudas, financiación en el agro, programas de distribución de semillas, terrenos, casas, etc.. No han expropiado ninguna empresa, no han pasado a socializar nada. Pero el hecho es que ha dado tanto dinero que ha creado una base de apoyo masiva porque los candidatos contra el gobierno no ofrecen ninguna concesión a las clases populares. Representan a los estudiantes de la clase media pero no toda la juventud. La gran mayoría de los jóvenes votaron por el gobierno porque fíjate que 60 % de la población está abajo de los 25 años. Es imposible que el gobierno no consiga por lo menos la mitad de los votos de los jóvenes. Por eso no sólo en el campo sino en las grandes ciudades ganó el gobierno. Y la explicación no es el fraude porque si era el fraude lo habrían detectado durante la campaña y nadie cuestionaba la campaña, todos aceptaron la campaña porque pensaban que la derecha, la oposición, tenía un apoyo masivo. Pero se confundían porque la clase media no es mayoría. Yo creo que el apoyo sólido del 35 % de la oposición es casi 90 % clase media. Y esta falta de análisis populista clasista, es una de las razones de que los medios se equivocaran y ahora tratan de confundir al mundo llamándolo fraude. Lo mismo que hicieron con las elecciones en Argentina durante la época del peronismo. Lo mismo hicieron contra Vargas y otros populistas en América Latina. Pero hay que analizar los enormes recursos de petróleo que tenía el gobierno para regalar a los sectores populares.
Chury: Petras, en el final nos circunscribimos al gigante de América del Sur donde hay novedades. Que es Brasil, que es Lula, un hombre que parece tener un apoyo muy fuerte de la ciudadanía pero donde el producto bruto se cayó, donde no se sabe algo de la sucesión por problemas hasta de salud de sucesores, es decir, ¿qué momento vive Lula, para dónde apunta?
Petras: Lula es un caso especial. Yo creo que en parte refleja la misma política populista de Irán: han regalado miles y millones en programas de caridad, contra la pobreza. Hay más de 40 milliones que reciben la bolsa de comida y es el único gobierno que ha organizado este tipo de ayuda en una forma tan masiva. Y combina este populismo clientelista con un gran apoyo a las multinacionales y eso también ha favorecido el apoyo que recibe de un sector importante de las clases dominantes. Y tercero, ha recibido enormes ingresos antes, durante el boom de las exportaciones de soja y otros productos, hierro, etc., entonces eso favorece otra vez la capacidad de mantener el apoyo de las masas junto con el apoyo de las clases dominantes. Y también, frente a esta política, los otros partidos más a la derecha, no ofrecen algo mejor ni para el capital ni hacia los pobres y queda la izquierda en un jaque en ese sentido porque para ganar apoyo tienen que enfrentar a Lula y Lula puede jugar la carta populista. Si los capitalistas lo atacan, él puede apelar a los grandes capitales beneficiarios de sus subvenciones y promoción de exportaciones. Yo creo que estos últimos días Lula entiende que el comercio actual es desfavorable. Por eso sólo está exportando materias primas a China y quiere conseguir una diversificación mejor hacia productos con más valor adicional. Quiere cambiar los contratos de explotación del petróleo para que el estado brasileño comparta con las empresas extranjeras el lucro de los nuevos descubrimientos. Entonces Lula es muy oportunista en este sentido. No es un dogmático neoliberal, es un neoliberal pero flexible: cuando pierde fuentes de ingresos modifica el esquema para dar al estado mayores recursos para tratar de mantener este equilibrio entre trabajo y capital. Es un neoliberal que nunca ha pensado en tomar una medida nacionalista, pero sí es un populista en el sentido de canalizar recursos para mantener el apoyo de los más pobres junto con sectores de la clase dominante y creo que la táctica en el momento actual es estimular las exportaciones industriales, tratar de hacerlo con China y también profundizar sus lazos con China. China es ahora el primer socio comercial de Brasil, superando a los Estados Unidos por primera vez en 70 años pero un comercio muy desequilibrado en términos de los productos que exporta Brasil entonces Lula es astuto, reconoce que no hay futuro simplemente exportando materias primas y trata ahora de firmar contratos para vender aviones y otras cosas que promueven el empleo local y también quiere compartir las enormes ganancias que vienen del petróleo, porque los primeros contratos que firmó con las petroleras extranjeras eran una vergüenza, una entrega total. Entonces ahora quiere renegociar los contratos para que PETROBRAS juegue un papel mayor.
Chury: Muy bien Petras, te agradecemos mucho un amplísimo análisis que has hecho de la realidad internacional y como siempre en nombre de la audiencia de radio Centenario y de los lugares donde se repite esto, te mandamos un abrazo muy grande.
Petras: Bueno, un abrazo.
¿Qué reclaman los indígenas de Perú?
Los indígenas peruanos, a quienes la corresponsal peruana de CNN –Maria Elena Belaúnde– suele llamar "revoltosos", sólo desean sustraer sus tierras nativas –junto con la biodiversidad de la selva y del bosque autóctono– a la exploración y futura explotación minera, gasífera y petrolera, según una investigación de Rob Hunter, sometida a la consideración del Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California.
Desde hace un año se conocen los estudios investigados por Hunter, a partir de su divulgación en publicaciones como el diario The Guardian, de Londres, el web site Common Dreams, el periódico especializado en medio ambiente PLoS One y otros medios independientes de la gran prensa mundial. Hoy está en peligro inminente toda la Amazonía occidental, que alberga a la mayor biodiversidad y selva tropical que aún permanece intacta en todo el planeta. El peligro consiste en que pronto puede llegar a convertirse en un territorio cubierto de tuberías y plataformas petroleras. Una investigación publicada por el periódico PLoS One (1) sacó a la luz que por lo menos 35 compañías de petróleo y gas operan más de 180 "bloques", o áreas zonificadas para exploración y desarrollo insertas en el corazón de selva occidental de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, abarcando un territorio de más de 688.000 km2, tan extenso como el estado de Texas.
La Amazonía occidental también constituye el hogar de numerosos grupos étnicos, incluyendo a algunos de los últimos pueblos indígenas que prefieren vivir en aislamiento voluntario, sin ningún contacto con el mundo cruel del capitalismo salvaje. El territorio contiene una diversidad cultural y biológica tan extraordinaria que los científicos ambientales lo denominan “el pulmón del planeta”, pero por desgracia contiene grandes reservas de petróleo y gas.
Los elevados precios de los hidrocarburos y su demanda global cada vez mayor estimulan niveles sin precedentes de nuevas exploraciones destinadas a la futura extracción de petróleo y gas, amenazando con la devastación ambiental y cultural de la selva. Por ejemplo, de los 64 bloques que cubren el 72% de la Amazonía peruana –creados todos a partir de 2004–, por lo menos 16 fueron aprobados por el gobierno de Allan García en 2008. Y hasta 58 de estos 64 bloques corresponden a tierras cuyos dueños legítimos son los pueblos indígenas del Perú, mientras otras 17 áreas propuestas para que se exploren abarcan incluso reservas declaradas explícitamente como el hábitat natural y legítimo de grupos indígenas en aislamiento voluntario.
La "instigación del comunismo internacional", o del gobierno de Venezuela, que invoca y "denuncia" el presidente peruano Alan García no es más que la resistencia política indígena, una expresión de su rechazo a la depredación de las transnacionales. El peligro de perderlo todo ha conseguido que las etnias exhiban cada vez más organización y eficacia para sus reclamos en los ámbitos nacionales e internacionales. “Esta expansión de las exploraciones se desarrolla en detrimento de nuestra gente y de la Madre Tierra”, advirtió José Antúnez, líder del pueblo Ashaninka de Perú. (2)
Por más de tres años, investigadores de instituciones sin fines de lucro de EEUU, como "Save America’s Forests" (Salvemos la Selva Americana) y "Land Is Life" (Tierra es Vida), junto con científicos de la Universidad de Duke, han elaborado un mapa de las actividades corporativas en busca de gas e hidrocarburos a través de la Amazonía occidental. El resultado ha sido una evaluación alarmante de las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad y la población indígena de la región. El trazado muestra en detalle los proyectos de extracción de petróleo y gas de 35 compañías transnacionales en las áreas del Amazonas más propicias para la vida de especies como mamíferos, pájaros y anfibios.
Los investigadores confeccionaron su mapa utilizando información suministradas por los propios gobiernos respecto a las tierras que durante los últimos cuatro años se han arrendado o concesionado para que las compañías energéticas busquen petróleo y gas amazónicos en Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Los mapas muestran que las regiones elegidas para proyectos de petróleo y gas en Perú y Ecuador ya abarcan a más de dos tercios de su Amazonía.
“Hemos estado siguiendo los desarrollos de petróleo y gas en el Amazonas desde 2004 y el cuadro está cambiando ante nuestros ojos”, dijo Matt Finer, de Salvemos la Selva Americana, un grupo conservacionista de EEUU. “Cuando ustedes observen dónde están localizados los bloques de petróleo y gas, verán que se ubican perfectamente encima de las áreas de mayor biodiversidad, casi como si lo hubiera exigido su diseño, y éste no es un zona cualquiera o una más entre la mayoría, sino precisamente el área de mayor biodiversidad de la tierra”. (2)
En algunas zonas ya se han descubierto reservas de petróleo y gas, pero en otras áreas, las compañías necesitarán eliminar primero el bosque para verificar sus especulaciones y luego, iniciar prospecciones que incluyen perforaciones de explosión sísmica como medio de prueba. Típicamente, las compañías dedican siete años a explorar una región antes de decidir si entrarán de lleno a explotar la producción.
“La mayor preocupación realmente surge si la exploración de la zona resulta acertada, porque entonces comenzará la fase de desarrollo, con movimientos de tierra, construcción de caminos, perforaciones e instalación de redes de tuberías”, dijo Finer. El artículo del periódico PLoS One, Finer y otros científicos de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, y voceros de Tierra es Vida, un grupo medio ambiental de Massachussets, llamaron a los gobiernos suramericanos a que repiensen cómo explotarán sus reservas energéticas en el Amazonas.
Los autores exigen, entretanto, que las compañías debieran someter a una consideración seria de las autoridades de cada país la evaluación del impacto ambiental y de las consecuencias para el medio ambiente de sus proyectos, a menudo decididos individualmente en vez de colectivamente. “No están observando el cuadro completo de lo que sucederá, ni tampoco verifican si, al mismo tiempo, existen otros proyectos similares por ejecutarse”, dijeron.
“Cada compañía podría estar creyendo individualmente que está siendo de manera relativamente responsable y custodiará bajo su control sus propias redes de carreteras, y así sucesivamente, pero ¿qué sucede cuando existen otros 15 proyectos alrededor?”, preguntó Finer. “De pronto, cuando se observe el cuadro completo, saltará a la vista una extensa red de caminos”, añadió, al parecer estimando posible que las transnacionales competidoras pudieran hacer sus propios acuerdos de explotación entre ellas mismas.
La construcción de extensas redes de carreteras hará previamente inaccesible la selva, con el riesgo de la tala de árboles y la caza ilegal, argumentaron vehementemente los autores de los estudios. Los investigadores urgieron a las compañías a adoptar una moratoria en la construcción de nueva carreteras y en su lugar, utilizar helicópteros para desplazar personal y maquinaria hasta los sitios de exploración, como ya lo han hecho en algunas locaciones. También llamaron a los gobiernos a adoptar una visión de conjunto sobre las consecuencias de nuevos proyectos lesivos para el medio ambiente, evaluándolos más bien como grupo de países que individualmente.
La investigación del equipo científico encontró que muchos proyectos de exploración y extracción se encuentran en tierras que son el hogar ancestral de etnias indígenas que no han sido consultadas, ni se las pedido ninguna opinión acerca de continuar, o no, tales proyectos. Por lo menos así ha ocurrido en 58 de las 64 regiones asignadas en Perú, donde numerosas comunidades viven en aislamiento voluntario, incluyendo 17 áreas en que se está infringiendo su actual estatus legal de reserva destinada exclusivamente al hábitat de grupos indígenas.
“La manera en que se está llevando a cabo el desarrollo del Amazonas occidental es una violación gruesa de los derechos de los pueblos indígenas de la región”, dijo Brain Keane, de la organización Tierra es Vida. “Los tratados internacionales de derechos humanos interamericanos que han ratificado las leyes de los países involucrados, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y prohíben explícitamente que – sin su consentimiento previo– se otorguen concesiones de recursos naturales en los territorios en que tales pueblos viven en libertad”, añadió.
Los informes añaden que la comunidad internacional debería pagar a los pueblos indígenas del Amazonas si desean que abandonen su selva virgen. Ecuador ha dicho que no permitirá desarrollar sus grandes reservas de petróleo todavía intactas si no recibe una regalía o indemnización antes de fin de año, refiriéndose a 2008, una postura que los demás países todavía no toman en cuenta. Pero Ecuador es el primer país del mundo que incorporó a su nueva Constitución los derechos de la tierra, de los recursos naturales y de la biodiversidad.
Foto: Perú, Bagua - Control total de Estación 6 por la etnia Awajun. / Autor: Diógenes Ampam Wejin
Notas:
1) “Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples” Matt Finer et al, PLoS One, 8/2008. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002932
2) Artículo de Ian Sample en The Guardian, del Reino Unido, publicado el 13 de agosto de 2008.
Ver también:
–“Oil And Gas Projects In Western Amazon Threaten Biodiversity And Indigenous Peoples” ScienceDaily, 8/14/08. http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080812213814.htm
–“Amazon Rainforest Threatened By New Wave of Oil and Gas Exploration” Ian Sample, The Guardian/UK, 8/13/08. http://www.commondreams.org/archive/2008/08/13/10973/print/
Fuente: http://www.argenpress.info/2009/06/que-reclaman-los-indigenas-del-peru.html
| Al aceptar la derogación de dos de los decretos que encendieron un sangriento conflicto indígena en la región de Amazonas, el gobierno de Perú demostró que esas normas no eran, como alegaba, una exigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, apuntan analistas y críticos. |
El primer ministro Yehude Simon señaló a la prensa que "el TLC no corre ningún peligro con ello" y señaló su compromiso de pacificar el país, tras lo cual abandonaría el gabinete.
Con ese paso se contribuyó a calmar en algo los ánimos.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que condujo desde el año pasado la campaña contra esas reformas, reconoció el martes en un comunicado la nueva actitud del Poder Ejecutivo y "su proclamada voluntad política de resolver" sus demandas.
Además, la Aidesep resaltó "el sacrificio y la firmeza de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonia por el logro de estos reconocimientos" y pidió el cese del estado de emergencia en las zonas afectadas y la creación de una comisión de la verdad para investigar las muertes de al menos 34 personas --incluyendo 24 policías, cinco indígenas y cuatro mestizos-- en la provincia nororiental de Bagua, Amazonas.
La Aidesep reclama también que cesen las incursiones del ejército y los sobrevuelos en las comunidades, y que se retiren las denuncias penales contra sus dirigentes regionales y nacionales, se brinde atención humanitaria y se reivindique y repare la dignidad de los heridos y deudos de los fallecidos en los enfrentamientos.
Además, el martes llegó a este país el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Pero el cuerpo legal que dio origen al conflicto subsiste.
El Poder Ejecutivo aprobó un centenar de normas en junio del año pasado, en el marco de las facultades legislativas que le había otorgado el Congreso legislativo en diciembre de 2007 para implementar el TLC.
En diciembre de 2008, una comisión multipartidaria del parlamento determinó que el gobierno se había excedido en el uso de esas facultades, decretando por ejemplo algunas normas que contravenían el derecho consagrado a la consulta previa a las comunidades para disponer acciones que afecten sus territorios.
Los decretos 1.090 y 1.064 modifican el régimen de manejo forestal y el uso de tierras agrarias, vulnerando la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmaron los legisladores.
En opinión del analista de políticas y legislación ambiental Alberto Barandiarán, el gobierno "ha dejado en evidencia que estos decretos no eran necesarios para el TLC con Estados Unidos, y que solo aprovechó la situación para promover un modelo económico que privilegia la inversión privada".
Según dijo el experto a IPS, el Ejecutivo modificó el marco legal para el acceso y uso de los recursos naturales de la Amazonia no sólo en un decreto o dos, sino "diseminando esos propósitos en varias normas", por lo menos 10 relativas a la selva, "que han complicado el análisis" y la búsqueda de "una solución".
En 2007, el gobierno de Alan García había pretendido abordar todos esos aspectos en un único proyecto de ley de promoción de inversión privada en la Amazonia. Ante el rechazo que despertó en el Congreso, el Ejecutivo solicitó la delegación de facultades parlamentarias para realizar las reformas necesarias a la aplicación del TLC.
Las líneas maestras del plan habían sido expuestas por García en dos artículos que publicó en el periódico El Comercio, en octubre y noviembre de 2007, en los que calificaba a los críticos de la inversión privada como "perros del hortelano", que no comen ni dejan comer, y consideraba ociosas las tierras amazónicas porque "el dueño (el comunero) no tiene formación ni recursos económicos".
El decreto 1.090, suspendido desde el lunes 8 y por 90 días por el Congreso, modificó la ley de flora y fauna silvestre, abriendo la posibilidad de cambiar el uso de tierras forestales para otros fines, como explotación de hidrocarburos.
Su aplicación entrañaría que 60 por ciento de los bosques primarios, unas 45 millones de hectáreas, dejarían de ser patrimonio forestal y podrían ser vendidos. Las concesiones petroleras y gasíferas ya cubren más de 70 por ciento del territorio amazónico.
Para aplicarlo se requiere del decreto 1.064, que dejó sin efecto la ley de tierras de 1995. Éste último, según Barandiarán, es más lesivo por lo que deroga que por sus nuevas disposiciones.
Por ejemplo, la ley anterior contemplaba dos opciones para autorizar el desarrollo de las industrias extractivas: la negociación directa con las comunidades y el proceso de servidumbre.
La servidumbre permitía que la empresa solicitara un permiso al sector competente del gobierno central para ejercer su actividad en cierta zona por un período determinado, a cambio de una compensación a las comunidades dueñas de las tierras.
El decreto 1.064 eliminó esa modalidad que, si bien era criticada, representaba al menos un mecanismo para que las poblaciones locales expresaran su posición, indicó el experto.
Sin la servidumbre, quedó un vacío legal que las empresas pueden aprovechar para solicitar el cambio de uso de tierras forestales para cualquier actividad o para "apelar al derecho de desbosque, es decir que se tale una determina zona para desarrollar la minería o los hidrocarburos", expuso Barandiarán.
En su opinión, "las comunidades cuestionan principalmente que no se respete su visión de desarrollo y su opinión", quitándoles la garantía de la consulta, contemplada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
La Defensoría del Pueblo (ombudsman) presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 1.064, alegando que vulnera derechos de identidad cultural, de propiedad de la tierra y de consulta previa a las comunidades nativas, consagrados en la Constitución y en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por este país.
Además, la ley de tierras, por ser orgánica, sólo podía ser derogada por la mitad más uno de los miembros del parlamento, y no por un decreto del Poder Ejecutivo.
La dirigencia indígena cuestionó en total 10 decretos legislativos. Si bien la comisión del Congreso los había considerado inconstitucionales en diciembre, el bloque oficialista se negó a tratar su derogación, llevando a las organizaciones nativas a retomar sus protestas en la primera semana de abril, bloqueando carreteras, puertos fluviales y estaciones de bombeo de gas y petróleo.
En agosto de 2008, los nativos amazónicos ya se habían conseguido derogar otras dos de esas normas, los decretos 1.015 y 1.073, que habilitaban la venta de tierras comunales autorizada apenas con los votos de la mitad más uno de los asistentes a una asamblea comunitaria.
Los acontecimientos prueban que "el proyecto político de García, sustentado en la inversión privada a toda costa, ha entrado en crisis. La derogatoria de estos decretos es un primer paso, pero no la solución", dijo a IPS el historiador Nelson Manrique, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Pero, además, se ha instalado la sospecha.
Algunos decretos, como el 994, son rechazados sobre todo por temor, dijo a IPS el especialista en recursos naturales Laureano del Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales.
Ese decreto promueve inversiones en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola en tierras eriazas que se ubican sobre todo en la costa y no en la Amazonia, señaló el estudioso.
Pero, "como el gobierno siempre ha manipulado la entrega de tierras en la selva, hay mucha desconfianza", aseguró el especialista.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92455
| Traducido para Rebelión por Félix Terrones |
A comienzos de junio, el presidente peruano Alan García, un aliado del presidente norteamericano Barack Obama, ordenó a camiones antimotines, helicópteros de combate y centenares de compañías de armamento pesado atacar y dispersar una protesta pacífica y legal organizada por los miembros de comunidades indígenas de la selva peruana, quienes protestaban contra la entrada de compañías mineras transnacionales en sus tradicionales tierras natales. Docenas de indígenas fueron asesinados o se encuentran desaparecidos, muchos fueron heridos y arrestados, así como varios policías peruanos, mantenidos como rehenes por los protestantes indígenas, fueron asesinados durante el asalto. El presidente García declaró la ley marcial en la región para imponer su unilateral e inconstitucional mandato en el que otorga los derechos de explotación minera a las compañías extranjeras, las cuales infringen la integridad de las tradicionales comunidades indígenas del Amazonas.
Alan García no es un desconocido en lo que se refiere a masacres promocionadas por el gobierno. En junio de 1986, ordenó a los militares bombardear las prisiones capitalinas, las cuales albergaban centenares de prisionero políticos que protestaban contra las condiciones de encarcelamiento (el resultado fue de más de 400 víctimas “oficiales”). Tiempo después, oscuras fosas comunes revelaron docenas de muertos. Esta notoria masacre ocurrió mientras García auspiciaba una reunión de la, así llamada, “Internacional Socialista” en Lima. Su partido político – APRA (Alianza por la revolución americana) -, miembro de la “Internacional”, fue de estas tendencias “nacional-socialistas”, frente a cientos de funcionarios social-demócratas europeos. Acusado de apropiación indebida de fondos gubernamentales y de entregar en 1990 su despacho con una tasa de inflación de casi 8000%, aceptó apoyar a Alberto Fujimori, entonces candidato presidencial, a cambio de amnistía. Cuando Fujimori impuso una dictadura en 1992, García se auto-exilió en Colombia y, posteriormente, en Francia. Regresó el 2001 cuando prescribieron los cargos de corrupción que se le imputaban y Fujimori era obligado a dimitir entre acusaciones de haber organizado escuadrones de la muerte y espiado a sus críticos. García ganó las elecciones presidenciales del 2006 en una segunda vuelta contra el candidato nacionalista pro-indígena y ex-oficial del ejército, Ollanta Humala, gracias al financiamiento y apoyo mediático de sectores de la derecha limeña, oligarquías de orígenes étnicos europeos y agencias americanas de “cooperación” transoceánica.
De regreso en el poder, García no dejó duda alguna acerca de su agenda política y económica. En octubre del 2007, anunció su estrategia para colocar a las compañías mineras transnacionales en el centro de de su programa de “desarrollo” económico al mismo tiempo que justificaba, bajo el rótulo de “modernización” la reubicación de los pequeños productores de comunidades y pueblos indígenas.
García hizo aprobar leyes congresales acordes con el “Tratado de libre comercio para las Américas” (ALCA) promovido por USA. Perú fue uno de los tres únicos países latinoamericanos que apoyaron la propuesta americana. Él abrió su país al saqueo sin precedentes de sus recursos, mano de obra, tierra y mercados a manos de las transnacionales. Esto fue una violación del acuerdo negociado en la Organización Internacional del Trabajo (1969) que obligaba al gobierno peruano a consultar y tratar con los habitantes indígenas la explotación de sus tierras y ríos. Bajo esta política de apertura, el sector minero de la economía se expandió con velocidad y obtuvo enormes beneficios de los, sin precedentes incrementos mundiales en los precios de compra, así como del crecimiento de la demanda asiática (China) de materias primas. Las corporaciones multinacionales fueron atraídas por las bajas tasas corporativas peruanas, los pagos de regalías, el casi libre acceso al agua y las baratas tarifas eléctricas subsidiadas por el gobierno. La aplicación de regulaciones ambientales fue suspendida en estas regiones, frágiles ecológicamente, llevándolas a extendidas contaminaciones de ríos, agua subterránea, aire y suelos en las aledañas comunidades indígenas. Los tóxicos de las operaciones mineras acabaron en matanzas masivas de peces e inutilizaron el agua para el consumo humano. Las operaciones diezmaron los bosques tropicales, minando de ese modo los medios de vida de cientos de miles de aldeanos comprometidos con el artesanado tradicional, la recolección forestal de subsistencia y otras actividades agrícolas.
Las utilidades de la bonanza minera acaban, inicialmente, en manos de las compañías transoceánicas. El régimen de García distribuye las rentas del estado a sus simpatizantes, entre los que se encuentran los especuladores financieros e inmobiliarios, importadores de bienes de lujo así como compinches políticos de los exclusivos, amurallados y altamente custodiados barrios limeños y country-clubs. Así como los márgenes de utilidad de las multinacionales alcanzaron un increíble 50% y las ganancias gubernamentales excedieron el billón de dólares, las comunidades indígenas carecieron de vías pavimentadas, agua potable, servicios de salud y escuelas. Peón aún: experimentaron un veloz deterioro de sus vidas cotidianas a medida que el influjo del capital minero condujo al incremento de los precios de medicinas y alimentos básicos. Incluso el Banco Mundial en su Reporte Anual del 2008 y los editores del Financial Time de Londres instaron al régimen de García a confrontar el creciente descontento y la crisis entre las comunidades indígenas. Delegaciones de comunidades indígenas viajaron a Lima para entablar un diálogo con el Presidente y pedirle que se ocupe de la degradación de sus tierras y comunidades. Los delegados fueron recibidos a puertas cerradas. García manifestó que “el progreso y la modernidad provienen de las grandes inversiones realizadas por las multinacionales… (y no de) los pobres campesinos que no tienen un centavo para invertir”. Él interpretó los llamados a un diálogo pacífico como signo de debilidad entre los habitantes indígenas del Amazonas e incrementó, en consecuencia, sus subvenciones a las concesiones de explotación entregadas a las corporaciones multinacionales para que continuaran adentrándose en la selva. Cortó virtualmente toda posibilidad de diálogo y acuerdo con las comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas del Amazonas respondieron formando la Asociación Inter-étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Celebraron protestas públicas durante siete semanas que culminaron en el bloqueo de dos autopistas internacionales. Esto encolerizó a García, quien se refirió a los manifestantes como “salvajes” y “bárbaros” y envió a unidades de policías y militares para ahogar la acción popular. Lo que García descuidó fue el hecho de que una significativa proporción de los indígenas de estos pueblos sirvieron como reclutas del ejército y combatieron en la guerra de 1995 contra Ecuador mientras otros fueron entrenados en organizaciones comunales de autodefensa. Estos veteranos combatientes no fueron intimidados por el estado de terror y sus reacciones a los iniciales ataques policiales que terminaron con heridos de ambos lados, es decir, policías e indígenas. Entonces, García declaró “guerra a los salvajes” mediante el envío de armamento pesado, helicópteros y tropas blindadas con orden de “disparar a matar”. Los activistas de AIDESEP reportaron más cien muertos entre los que se cuentan protestantes indígenas y familiares de éstos: los indígenas fueron asesinados en las calles, en sus casas y en sus lugares de trabajo. Se sospecha que los restos de numerosas víctimas fueron arrojados en quebradas y ríos.
Conclusion
El régimen de Obama, previsiblemente, no emitió juicio alguno de inquietud o protesta frente a una de las peores masacres de civiles peruanos en esta década (perpetrada por uno de los aliados más cercano a los americanos en el sur del continente). García, durante sus conversaciones con el embajador norteamericano, acusó a Venezuela y Bolivia de instigar el “levantamiento” indígena y citó como prueba de sus acusaciones una carta de apoyo del presiden boliviano Evo Morales a la Cumbre Intercontinental Indígena que tuvo lugar en Lima. Se declaró la ley marcial y toda la región amazónica peruana se encuentra cubierta por militares. Los mítines fueron prohibidos y los familiares de los desaparecidos están impedidos de buscarlos.
En toda América latina, las más importantes organizaciones indígenas han expresado su solidaridad con los movimientos indígenas peruanos. En Perú, los movimientos sociales, sindicatos y grupos de defensa de derechos humanos organizaron una huelga general el 11 de junio. Temiendo el despliegue del descontento general, “El Comercio”, periódico conservador limeño, advirtió a García que adoptara medidas conciliatorias para impedir un levantamiento urbano general. El 10 de junio fue declarada una tregua de un día, pero las organizaciones indígenas rechazaron ponerle fin al bloqueo de carreteras hasta que el Gobierno de García rescindiera sus ilegales decretos de cesión de tierras.
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YOBANI -