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Ignacio Ramonet

Recluir la Peste

"Recluir la peste"

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Ignacio Ramonet / Periodista

Director de Le Monde Diplomatique, Paris


Por muy “natural” que parezca, ninguna catástrofe es natural. Un seísmo de intensidad idéntica causa más víctimas en un país empobrecido que en otro rico e industrializado. Ejemplo: el terremoto de Haití, de magnitud 7,0 en la escala de Richter, ha ocasionado más de cien mil muertos, mientras que el de Honshu (Japón), de idéntica fuerza (7,1), acaecido hace seis meses, apenas provocó un muerto y un herido.


“Los países más pobres y los que tienen problemas de gobernabilidad están más expuestos a riesgos que los otros”, confirma un reciente informe de la ONU (1). En una misma ciudad, el impacto humano de una calamidad puede ser muy distinto según las características de los barrios. En Puerto Príncipe, el seísmo se ensañó con las desvencijadas barriadas populares del centro. En cambio, los distritos privilegiados de la burguesía mulata comerciante apenas padecieron estragos.
Tampoco son iguales los pobres ante la adversidad. La Federación Internacional de la Cruz Roja sostiene que, en caso de desastre, “las mujeres, los discapacitados, los ancianos y las minorías étnicas o religiosas, víctimas habituales de la discriminación, son más castigados que los demás” (2).

Por otra parte, aunque un país no sea rico, si se dota de una política eficaz de prevención de catástrofes puede salvar muchas vidas. En agosto de 2008, el ciclón Gustav , el más violento de los últimos cincuenta años, azotó el Caribe con vientos de 340 kilómetros por hora. En Haití mató a 66 personas. Sin embargo, en Cuba no causó ninguna víctima mortal…

¿Es Haití un país pobre? En verdad, no hay países pobres; sólo existen “países empobrecidos”. No es lo mismo. En el último tercio del siglo XVIII, Haití era la Perla de las Antillas y producía el 60% del café y el 75% del azúcar que se consumía en Europa. Pero, de su gran riqueza sólo se beneficiaban unos 50.000 colonos blancos, y no los 500.000 esclavos negros que la producían.

Invocando los nobles ideales de la Revolución Francesa, esos esclavos se sublevaron en 1791 al mando de Toussaint Louverture, el Espartaco negro . La guerra duró trece años. Napoleón envíó una expedición de 43.000 veteranos. Triunfaron los insurrectos. Fue la primera guerra racial anticolonial y la única rebelión de esclavos que desembocó en un Estado soberano.

El 1 de enero de 1804, se proclamó la independencia. Sonó como un aldabonazo en el continente americano. Los esclavos negros demostraban que, por su propia lucha, sin la ayuda de nadie, podían conquistar la libertad. Afro-América emergía en la escena política internacional.

Pero el “mal ejemplo” de Haití -así lo calificó el Presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson- aterrorizó a las potencias que seguían practicando la esclavitud. No se le perdonó. Y nadie reconoció, ni ayudó a la nueva república negra, pesadilla del colonialismo blanco. Aún hoy, el viejo terror no ha desaparecido. Pat Robertson, telepredicador estadounidense, ¿no acaba acaso de afirmar: “Miles de haitianos han muerto en el seísmo porque los esclavos de Haití hicieron un pacto con el diablo para obtener su libertad” (3)?

El nuevo Estado independiente fue boicoteado durante decenios con la idea de “recluir la peste” en ese país. Haití cayó en guerras civiles que arrasaron su territorio. Se perdió la necesaria etapa de construcción de un Estado-nación. Institucionalmente, a pesar de la gran calidad de sus numerosos intelectuales, el país quedó estancado.

Después vino el tiempo de la ocupación por Estados Unidos que duró de 1915 a 1934. Y de la guerra de resistencia. El héroe de la rebelión, Charlemagne Péralte, fue crucificado por los marines, clavado en la puerta de una iglesia… Washington acabó por ceder Haití a nuevos dictadores, entre ellos: Papa DocDuvalier, uno de los más despóticos.

En los años 1970, aún gozaba Haití de soberanía alimentaria, sus agricultores producían el 90% de los alimentos que consumía la población. Pero el Plan Reagan-Bush, impuesto por Washington, obligó a suprimir los aranceles sobre la importación de arroz, producto básico del cultivo local. El arroz estadounidense, más barato porque estaba subvencionado, inundó el mercado local y arruinó a miles de campesinos que emigraron en masa a la capital, donde el seísmo los ha atrapado…
La única experiencia de gobierno realmente democrático, fue la de Jean-Bertrand Aristide, dos veces Presidente (1994-1996 y 2001-2004). Pero sus propios errores y la presión de Washington lo empujaron al exilio. Desde entonces, de hecho, Haití se halla bajo tutela de la ONU y de un conglomerado de ONGs internacionales. El Gobierno de René Préval ha sido sistemáticamente privado de medios de acción. Por eso resulta absurdo reprocharle su inoperancia ante los efectos del seísmo. Hace tiempo que el sector público fue desmantelado y sus principales actividades transferidas, si eran rentables, al sector privado, o a las ONGs cuando no lo eran. Antes de convertirse en el Ground Zero del planeta, Haití ya era el primer caso de “colonialismo humanitario”. La tragedia reforzará la dependencia. Y por consiguiente las resistencias. El “capitalismo de choque”, descrito por Naomi Klein, hallará una nueva ocasión de reclamar -en nombre de la eficacia- la privatización integral de todas las actividades económicas y comerciales ligadas a la reconstrucción.

Estados Unidos está en primera línea, con sus Fuerzas Armadas desplegadas en una ofensiva humanitaria de gran envergadura. Resultado sin duda de un generoso deseo de socorrer. Pero también de indiscutibles intereses geopolíticos. Washington prefiere invadir Haití de ayuda que ver invadidas sus costas por decenas de miles de boat people haitianos. En el fondo, se trata de la misma vieja obsesión: “recluir la peste”…

Notas
(1) Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para un mañana más seguro , Naciones Unidas, Nueva York, mayo de 2009.
(2) Informe Mundial sobre los desastres 2009 , Cruz Roja Internacional, Ginebra, julio de 2009.
(3) Christian Broadcasting Network, 14 de enero de 2010.

Cerco Sobre Venezuela

Cercando a Venezuela
Ignacio Ramonet

 

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La llegada al poder, en Venezuela, del Presidente Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999 coincidió con un acontecimiento militar traumático para Estados Unidos: la clausura de su principal instalación militar en la región, la base Howard, situada en Panamá, cerrada en virtud de los Tratados Torrijos-Carter (1977).

En sustitución, el Pentágono eligió cuatro localidades para controlar la región: Manta en Ecuador, Comalapa en El Salvador y las islas de Aruba y Curazao (de soberanía holandesa). A sus -por decirlo así- ‘tradicionales’ misiones de espionaje, añadió nuevos cometidos oficiales a estas bases (vigilar el narcotráfico y combatir la inmigración clandestina hacia Estados Unidos), y otras tareas encubiertas: luchar contra los insurgentes colombianos; controlar los flujos de petróleo y minerales, los recursos en agua dulce y la biodiversidad. Pero desde el principio sus principales objetivos fueron: vigilar Venezuela y desestabilizar la Revolución Bolivariana.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Secretario norteamericano de Defensa, Donald Rumsfeld, definió una nueva doctrina militar para enfrentar al “terrorismo internacional”. Modificó la estrategia de despliegue exterior, fundada en la existencia de enormes bases dotadas de numeroso personal. Y decidió reemplazar esas megabases por un número mucho más elevado de Foreign Operating Location (FOL, Sitio Operacional Preposicionado) y de Cooperative Security Locations (CSL, Sitio Compartido de Seguridad) con poco personal militar pero equipado con tecnologías ultramodernas de detección.

Resultado: en poco tiempo, la cantidad de instalaciones militares estadounidenses en el extranjero se multiplicó, alcanzando la insólita suma de 865 bases de tipo FOL o CSL desplegadas en 46 países. Jamás en la historia, una potencia multiplicó de tal modo sus puestos militares de control para implantarse a través del planeta.

En América Latina, el redespliegue de bases ya permitió que la de Manta (Ecuador) colaborase en el fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el Presidente Chávez. A partir de entonces, una campaña mediática dirigida por Washington empieza a difundir falsas informaciones sobre la pretendida presencia en ese país de células de organizaciones como Hamás, Hezbolá y hasta Al Qaeda.

Con el pretexto de vigilar tales movimientos, y en represalia contra el gobierno de Caracas que puso fin, en mayo de 2004, a medio siglo de presencia militar estadounidense en Venezuela, el Pentágono amplia el uso de sus bases militares en las islas de Aruba y Curazao, situadas muy cerca de las costas venezolanas, donde últimamente se han incrementado las visitas de buques de guerra estadounidenses.
Lo cual ha sido recientemente denunciado por el Presidente Chávez: “Es bueno que Europa sepa que el imperio norteamericano está armando hasta los dientes, llenando de aviones de guerra y de barcos de guerra las islas de Aruba y Curazao. (…) Estoy acusando al Reino de los Países Bajos de estar preparando, junto al imperio yanqui, una agresión contra Venezuela” (1).

En 2006, se empieza a hablar en Caracas de “socialismo del siglo XXI”, nace la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y Hugo Chávez es reelegido presidente. Washington reacciona imponiendo un embargo sobre la venta de armas a Venezuela, bajo el pretexto de que Caracas “no colabora suficientemente en la guerra contra el terrorismo”. Los aviones F-16 de las fuerzas aéreas venezolanas se quedan sin piezas de recambio. Ante esa situación, las autoridades venezolanas establecen un acuerdo con Rusia para dotar a su fuerza aerea de aviones Sukhoi. Washington denuncia un presunto “rearmamento masivo” de Venezuela, omitiendo recordar que los principales presupuestos militares de América Latina son los de Brasil, Colombia y Chile.

Y que, cada año, Colombia recibe una ayuda militar estadounidense de 630 millones de dólares (unos 420 millones de euros).

Apartir de ahí, las cosas se aceleran. El 1 de marzo de 2008, ayudadas por la base de Manta, las fuerzas colombianas atacan un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) situado en el interior del territorio de Ecuador. Quito, en represalia, decide no renovar el acuerdo sobre la base de Manta que vence en noviembre de 2009. Washington responde, el mes siguiente, con la reactivación de la IV Flota (desactivada en 1948, hace sesenta años…) cuya misión es vigilar la costa atlántica de América del Sur. Un mes más tarde, los Estados sudamericanos, reunidos en Brasilia, replican creando la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y, en marzo de 2009, el Consejo de Defensa Suramericano.

Unas semanas después, el embajador de Estados Unidos en Bogotá anuncia que la base de Manta será relocalizada en Palanquero, Colombia.

En junio, con el apoyo de la base estadounidense de Soto Cano, se produce el golpe de Estado en Honduras contra el Presidente Manuel Zelaya quien había conseguido integrar a su país en el ALBA. En agosto, el Pentágono anuncia que dispondrá de siete nuevas bases militares en Colombia. Y en octubre, el presidente conservador de Panamá, Ricardo Martinelli, admite que ha cedido a Estados Unidos el uso de cuatro nuevas bases militares.

De ese modo, Venezuela y la Revolución Bolivariana se ven rodeadas por nada menos que trece bases estadounidenses, situadas en Colombia, Panamá, Aruba y Curazao, así como por los portaaviones y navíos de guerra de la IV Flota. El Presidente Obama parece haber dejado manos libres al Pentágono. Todo anuncia una agresión inminente. ¿Consentirán los pueblos que un nuevo crimen contra la democracia se cometa en América Latina?

NOTA: (1) Discurso en el Encuentro del ALBA con los Movimientos Sociales de Dinamarca, Copenhague, 17 de diciembre de 2009.

Ignacio Ramonet fue director de Le Monde Diplomatique entre 1990 y 2008.