Más de 600 personas pertenecientes al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), organización afiliada a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), fueron brutalmente desalojadas por un fuerte contingente de militares, policías y guardias de seguridad de los terratenientes Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reinaldo Canales, en los municipios de Tocoa y Trujillo, departamento de Colón, en el oriente del país, violando los acuerdos alcanzados con la Presidencia de la República y el Instituto Nacional Agrario (INA) pocos días antes del golpe de Estado. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), afiliado a la UITA, y organizaciones internacionales denuncian ese atropello y piden resolver el conflicto agrario y detener la violencia.
Bajo el mismo patrón de violencia implementado a partir del golpe de Estado del pasado 28 de junio de 2009, efectivos militares, policiales y guardias privadas atacaron con balas vivas y de goma y gas lacrimógeno a familias campesinas que, desde el pasado diciembre, se habían tomado tierras que reclaman como suyas en la zona del Valle del Aguán.
La historia del conflicto
Según los miembros del MUCA, a principios de los 60 se promulgó la Ley de Reforma Agraria, mediante la cual se otorgaron derechos de tenencia sobre tierras fiscales y privadas a cientos de familias de campesinos pobres.
Durante la década de los 70, el Estado asignó a empresas campesinas derechos sobre miles de hectáreas cultivadas con palma africana, en la región conocida como el Bajo Aguán, en el departamento norteño de la Costa Atlántica de Honduras. Sin embargo, a principio de los años 90 se aprobó la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, con el objetivo de despojar a estas empresas de sus derechos sobre aproximadamente unas 20 mil hectáreas de las mejores tierras del país.
Siempre según el MUCA, comenzó un proceso que concluyó con la venta de los activos de 40 empresas campesinas, concentradas en manos de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales. Un proceso de adquisición de tierras caracterizado por muchas irregularidades, las que fueron investigadas por miembros de las cooperativas, quienes descubrieron que el acuerdo de compraventa establecía que los compradores utilizarían la tierra para su cultivo y producción, pero que la propiedad de la tierra continuaría en manos del Estado y para uso exclusivo de reforma agraria.
En 2001 comenzó el reclamo de tierras adquiridas de forma fraudulenta por empresarios coludidos con los poderes políticos en el país y otras tierras que nunca fueron tituladas a nombre de los empresarios compradores, sino que el Estado les reconoció derechos de uso en la forma de concesión hasta febrero del 2005.
Después de una largo proceso de reivindicación, tomas de tierras y carreteras en señal de protesta, en 2009 se entró a un proceso de negociación en el que el MUCA presentó una propuesta de acuerdo para resolver el conflicto, y dos semanas antes del golpe de Estado se firmó un convenio entre el INA, los campesinos y los terratenientes, avalado por el presidente Manuel Zelaya Rosales, el alcalde de Tocoa y el gobernador de Colón, acordando crear una comisión tripartita para revisar el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los terratenientes.
Sin embargo, el golpe del 28 de junio 2009 paralizó el proceso de negociación y el MUCA inició la lucha en las calles para exigir el regreso del orden constitucional, sumándose a la toma del INA.
Antes la intransigencia de las nuevas autoridades de facto, el pasado 9 de diciembre comenzó la recuperación definitiva de las tierras, lo que provocó la reacción violenta de los cuerpos represivos bajo una orden judicial de desalojo.
La lucha va a seguir
“Estas tierras fueron adquiridas de forma ilegal por parte de estos tres terratenientes y todavía pertenecen al Estado. Sin embargo, prefirieron actuar violentemente en lugar de seguir con el proceso de negociación iniciado antes del golpe de Estado para resolver el conflicto –dijo el secretario general del SITRAINA, Luis Santos Madrid, a Sirel–.
Fue un desalojo muy violento y hubo gente detenida. El SITRAINA si está movilizando para que el actual Director de facto del INA proceda a legalizar la tierra a favor de los campesinos del MUCA. Es evidente –concluyó Madrid– que lo que ha ocurrido es producto de la situación surgida a raíz del golpe de Estado, y estamos en una situación donde la justicia se aplica únicamente a favor de los poderosos y en contra de los campesinos”.
Al momento de escribir esta nota ya se habían liberado los últimos campesinos detenidos por la Policía, sin embargo tres de ellos serán procesados y se les concedieron medidas cautelares.
Actualmente hay otras 300 personas pertenecientes al MUCA que siguen en el proceso de recuperación de tierras y hay temor de que en los próximos días pueda ejecutarse otro desalojo violento.
“La gente sigue en su decisión de recuperar sus tierras para producir, porque es la única manera para sobrevivir, aunque existe el temor de que se esté preparando una masacre para que desistamos de nuestra lucha pacífica –comentó a Sirel el secretario general regional del Atlántico de la CNTC, Lorenzo Cruz–.
Las comunidades vecinas se están reconcentrando para preparar un plan de recuperación y queremos que sea una propuesta de país, con la participación del Frente de Resistencia Popular. No es posible que unos pocos poderosos sigan controlando la mayor parte de la tierra y miles de campesinos pobres no tengan nada.
Queremos una Honduras diferente y apoyamos un proceso de cambio verdadero para sacar el país de la pobreza”, concluyó Cruz.
Ante estos hechos, el Comité de Familiaresde Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH) apeló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emita medidas cautelares a favor de las y los campesinos del MUCA, y condenó “estos actos que atentan contra la libertad, la vida y el desarrollo integral del pueblo hondureño”.
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