De Honduras a Ecuador
El fascismo norteamericano intenta volver por la vía de los golpes de estado a Latinoamérica
Los recientes acontecimientos en Ecuador, con el secuestro del presidente Correa y la intentona golpista, no deben, ni pueden, ser entendidos de un modo aislado y al margen de la dinámica global de la zona. El acontecimiento más inmediato con el que posee un paralelismo evidente es el golpe de estado que se produjo en Honduras contra el presidente constitucional y que ha tenido como efecto, con la complicidad de Estados Unidos, la consolidación en aquel país de un gobierno tutelado por los golpistas.
Cuando se produjo el golpe de estado en Honduras ya hubo numerosas voces que apuntaron que, si el golpe triunfaba, podía abrirse una nueva época de cuartelazos en América Latina. El desenlace del golpe, que llevó a que las elecciones presidenciales fueran tuteladas, en un clima de violencia y represión que se sustanció en el asesinato de numerosos líderes democráticos y periodistas, fue una señal de esperanza para los golpistas del continente americano, pues no ha habido ningún tipo de acción judicial contra quienes protagonizaron el derrocamiento de la democracia hondureña. Todo ello, insisto porque es realmente importante, con la aquiescencia de Estados Unidos y los silbidos de disimulo de la comunidad internacional. El curso político de Honduras ha sido modificado abruptamente y su democracia, aunque las urnas se volvieran a abrir, suprimida de hecho.
Cabe recordar que en 2002 ya se produjo una intentona golpista en Venezuela, en la que, como en Ecuador, se secuestró al presidente. En aquella ocasión, y dejando muy clara su posición política, tanto España como, nuevamente, Estados Unidos, se apresuraron a dar soporte político a los golpistas. El gobierno de Aznar, fiel a sus alianzas con la ultraderecha americana, del norte y del sur, protagonizó una de las más vergonzosas páginas de la política exterior española, al apoyar a la oposición golpista.
Sin llegar a producirse un golpe de estado, también en Bolivia la oposición desencadenó, hace apróximadamente un año, una ola de violencia que acabó con el asesinato de numerosos campesinos, hecho por el que fue enjuiciado y encarcelado el presidente de una de las regiones del país.
ESTOS TRES intentos de golpe de estado, de los que solo uno, el de Honduras, se ha saldado con éxito, tienen numerosos elementos en común. En primer lugar, son protagonizados o apoyados por una oposición que, incapaz de acceder al poder por las urnas, intenta alcanzarlo de manera violenta, como manera de no perder sus privilegios tradicionales. Son los sectores detentadores de las grandes fortunas del país los que se hallan detrás de estos intentos, como manera de frenar políticas sociales que pretenden sacar a esos países de la pobreza en que les ha sumido la rapiña de estos sectores y de las multinacionales extranjeras, así como las directrices de terrorismo social del FMI. En segundo lugar, que la respuesta popular ha servido para parar o al menos para dificultar, el proceso golpista. Tercero, que el ejército, o sus mandos, en el caso de Venezuela y Ecuador, ha sostenido el orden constitucional, lo que es una novedad en América Latina. Cuarto, que la derecha internacional, de la que el PP es ejemplo paradigmático, se coloca indefectiblemente del lado de los golpistas, lo que habla a las claras de su calidad democrática.
No cabe ninguna duda de que tras estos golpes se halla la voluntad de acabar con el proceso de democratización que se está desarrollando en América Latina en los últimos años. Ecuador es un ejemplo magnífico de un proceso de transformación democrática y de, consecuentemente, ruptura con el capitalismo que también se está produciendo en Venezuela, en Bolivia, en Paraguay. Como ha señalado el presidente de Bolivia, Evo Morales, el golpe de estado no lo es solo contra el Ecuador democrático, sino contra el proyecto de Unasur, de una comunidad democrática de naciones suramericanas. Y cabría añadir, contra el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, que se opone al ALCA, el proyecto neoliberal auspiciado por Estados Unidos.
Es evidente que los sectores de las oligarquías latinoamericanas no toleran su pérdida de poder político, no aceptan que los sectores populares dirijan la política de la nación, no soportan que miembros de comunidades indígenas puedan acceder a la presidencia de una nación, como el caso de Bolivia. Su estómago racista, fascista y neoliberal, no está hecho para esas digestiones. A algunos no nos cabe ninguna duda de que la esperanza política democrática se halla en estas experiencias latinoamericanas de Bolivia, Venezuela y Ecuador (no menciono, conscientemente, a Cuba y Nicaragua, que, por diferentes razones, me parecen ajenas al proceso), que con sus contradicciones, problemas y errores han abierto una puerta al aire fresco de la justicia social. Frente a una Europa que languidece en una democracia vacía de contenido, un EEUU que, con Obama a la cabeza, ha frustado toda esperanza de cambio que se pudiera albergar, los procesos políticos y sociales de mayor interés se gestan en América Latina y sus avances son innegables. La inquietud de la oligarquía internacional es la que ha alzado los fusiles de la policía ecuatoriana.
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=614052
El autor es profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza
Ante la Comunidad Regional e Internacional
La Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, Red Centroamericana que agrupa más de 70 organizaciones sindicales, de mujeres, de derechos humanos, estudiantiles, campesinas, ONGs y otras denuncia enérgicamente los últimos hechos violentos en Honduras, entre ellos el asesinato de una dirigente sindical y la represión violenta de varias manifestaciones en diferentes partes del país. Estos acontecimientos evidencian una vez más la situación de inseguridad y de represión que rige en Honduras bajo el gobierno de Porfirio Lobo. Además, la Campaña rechaza el “Plan Nacional Solidario de Empleos Anti crisis”, que pretende eliminar derechos laborales fundamentales y profundizar la situación de explotación laboral en el país.
Juana Bustillo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (SITRAIHSS) y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, se convirtió en la última víctima mortal de la política de persecución y represión estatal que caracteriza a Honduras desde el Golpe de Estado el año pasado. Juana Bustillo fue asesinada por sicarios el pasado 17 de septiembre, cuando venía saliendo de una reunión sindical y se dirigía hacia su casa de habitación. Bustillo desde hace cuatro años desempañaba el cargo de Presidenta de la Seccional Número 2 de SITRAIHSS, y anteriormente ocupó la Vice Presidencia Nacional del mismo sindicato. La situación de inseguridad y de represión que sacude a Honduras desde el año pasado, no ha sido revertida bajo el régimen de Porfirio Lobo, sino más bien perpetuada. Continúan los asesinatos selectivos de dirigentes sindicales y sociales y de miembros de la Resistencia, y el Estado sigue reprimiendo a los grupos y personas que se manifiestan en contra de la política de la clase dominante. Entre las protestas que fueron reprimidas violentamente en las últimas semanas destacan la toma de carreteras de maestros en Tegucigalpa, el pasado 20 de agosto, y la manifestación del Frente Nacional de Resistencia Popular en San Pedro Sula, con ocasión del Día de la Independencia, el pasado 15 de septiembre. La manifestación en San Pedro Sula, además de varias personas heridas, provocó la muerte de un vendedor ambulante, que se hallaba en la zona en el momento de los enfrentamientos.
En todo esto se da la paradoja que la situación de inseguridad que fue provocada por el Golpe de Estado hoy en día sirve al Estado para legitimar la creciente militarización del país. Así que se da la situación que en los últimos tiempos se han sucedido masacres y distintos hechos sangrientos en los cuales han perdido la vida muchos jóvenes, los que se achacan de inmediato al crimen organizado. El último asesinato fue de un joven de nombre Wilmer García Alvarado, quien fue asesinado el 25 de septiembre, en San Pedro Sula. Wilmer García Alvarado actualmente era voluntario del Foro Nacional de Juventud del sector de San Pedro Sula, miembro activo de la Comunidad Lésbico Gay de Honduras y del Frente Nacional de Resistencia Popular en la zona norte del país, y había hecho una gran labor educativa dentro del FNRP. Es así que estos crímenes, refuerzan la propuesta del Estado de salir a combatir el crimen con más presencia militar, ignorando que la militarización es uno de los problemas graves del país luego del Golpe de Estado.
A pesar de la situación de represión que enfrentan diariamente las organizaciones sociales y el pueblo hondureño, éste sigue manifestándose en las calles, exigiendo un país nuevo, libre de discriminación, participativo e incluyente. Expresión más clara de esta reivindicación son las más de 1 millón 400 mil firmas que ha recaudado el Frente Nacional de Resistencia hasta el día de hoy para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, ignorando de manera flagrante la voluntad del pueblo hondureño, la clase dominante sigue impulsando políticas que van en detrimento de la gran mayoría de la población y eliminan derechos fundamentales de las y los trabajadores de este país. Entre éstas destaca el “Plan Nacional Solidario de Empleos Anti crisis”, impulsado por el Presidente del Congreso Nacional, que pretende implementar el trabajo temporal por horas y no por jornada, así reduciendo la jornada semanal de trabajo, y con ella supuestamente bajando el salario mínimo. Además restringe la jornada máxima semanal de trabajo y el derecho de las y los trabajadores a percibir el salario integro correspondiente a la semana ordinaria diurna. Resulta que el “Plan Nacional Solidario de Empleos Anti crisis”, como se llama eufemísticamente, eliminará derechos fundamentales de las y los trabajadores, de forma que estos últimos dejarán de percibir un salario suficiente que cubra sus necesidades básicas, mientras que las empresas tendrán la libertad de contratar y explotar a la fuerza laboral según su antojo. Así que en la práctica se estaría legalizando algo que de hecho ha venido sucediendo en distintas actividades productivas del país.Para la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, la política de persecución del gobierno hondureño, y las nefastas propuestas de ley impulsadas por representantes del partido oficialista responden a la misma lógica ya que se criminaliza y se reprime al movimiento social al mismo tiempo que se quitan derechos a las personas que éste representa. La propuesta de introducir el trabajo temporal, se presenta como medida eficaz para contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Al mismo tiempo ignora que no son los trabajadores los responsables de esta crisis, y que ésta fue profundizada por la situación de inseguridad y paralización de la vida pública que provocó el Golpe de Estado. Pero eso no le interesa a la clase dominante, como tampoco le interesan las exigencias y el bienestar del pueblo hondureño. Ésta prefiere perpetuar su posición de dominio mediante la represión de todo tipo de oposición y la política de explotación que le ha caracterizado desde siempre.
En nombre de las organizaciones de la Campaña Regional, firmamos los enlaces por cada país:
Roger Barrantes
Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” – CST-JBE. Nicaragu
Martha Saldaña
Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador – FEASIES El Salvador
David Eduardo Soto Oliva
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala – FENASTEG. Guatemala
Salomón Samudio
Centro de Investigación y Desarrollo de Panamá - CIDPA. Panamá
Mario Torres
Sindicato Patriótico de la Educación – SINPAE 7 de agosto/ Central General de Trabajadores- CGT. Costa Rica
Omar Salazar
Coordinación Regional de la Campaña contra la Flexibilidad Laboral – ASEPROLA. Costa Rica
LA AGENDA DE LOBO
A raíz de la ruptura constitucional del 28 de junio 2009, y la acertada percepción de la comunidad internacional de que el gobierno de Porfirio Lobo es una continuidad del golpe militar, Honduras se encuentra fuera de la Organización de Estados Americanos, del Sistema Interamericano, lo que le impide tener legitimidad y acceder a recursos indispensables para el adecuado funcionamiento del aparato estatal.
El 30 de julio de este año, la Comisión de Alto Nivel de la OEA hizo unas recomendaciones precisas al gobierno de Lobo, para facilitar su reinserción al Sistema Interamericano de países. El Sr. Lobo, ante la desbandada de los golpistas que continúan gobernando de facto y como contestando las preguntas de un cuestionario, desesperadamente dice que va ir a traer al Presidente Zelaya a Dominicana, como que si el problema es de transporte, asegurando que no irá a la cárcel, que su gobierno está comprometido con la defensa de los Derechos Humanos, mientras sus ministros inmediatamente declaran que tienen órdenes de captura que deben cumplir y la Secretaría de Seguridad reprime las movilizaciones pacíficas y se incrementa el número de crímenes contra periodistas y otras violaciones a los DDHH.
Solicita Comisiones contra la Impunidad, que ni los miembros de su gobierno apoyan, mientras los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Comisionado de los DDHH y los voceros de la oligarquía le hacen la guerra y se “ofenden” por miedo a ser encausados y porque los expondrá como “inútiles”. Y diputados de su propio partido, que ahora ostentan la mayoría absoluta en el Congreso Nacional, de igual manera, protestan y refutan todas las propuestas de Lobo, aludiendo que responde a presiones internacionales. Cabe señalar además, que varios actores del régimen del dictador Micheletti fueron premiados con importantes cargos en el gobierno de Lobo, quienes con doble agenda, desde adentro le producen ruido y conspiraciones permanentes.
Cuando el Sr. Lobo, rendido se presenta en los foros internacionales y dice “sí, fue un golpe”, cuando solicita comisiones de esto y de aquello, jueces “especiales” para dirimir los falsos cargos políticos que pretenden imputarle al ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales; ayuda externa en materia de derechos humanos porque “puede ser” que existan organizaciones “fuera de la ley” que los estén violentando, él hace un reconocimiento “explícito” de la incapacidad de los organismos operadores de justicia de Honduras y del estado de indefensión e impunidad en el que vivimos. Reconoce que vivimos en un estado fallido.
Entonces, D. Porfirio, sin reconocimiento, sin poder, sin dinero, propone como salida la creación de instituciones paralelas (unas que le presten atención al “Presidente”) como el Ministerio de Derechos Humanos frente al Comisionado de DDHH y una Comisión contra la Impunidad frente a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público.
¿Es la creación de instituciones paralelas lo que procede ante la constante violación a los derechos humanos y la impunidad? Nosotros creemos que la solución es otra: es terminar con los escuadrones de la muerte, destituir a los personajes siniestros que los dirigen y a los encubridores de los crímenes y cómplices del golpe de estado; y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ORIGINARIA, inclusiva, participativa de verdad, que permita reestructurar y establecer las bases para la creación de un nuevo Estado. Un Estado que responda a las exigencias de un pueblo que reclama sus derechos en las calles y que quiere avanzar por el camino del desarrollo y la civilización; un nuevo contrato social progresista, en el que se asiente un verdadero estado de derecho que garantice la participación y los derechos de cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas.
¡Los hechos hablan por sí mismos, que el lector decida!
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