Más Asesinatos en Honduras

Denuncian asesinato de dos miembros de la resistencia hondureña

 

 

 

 

Según testimonio brindado por familiares se presume que los hechos fueron ejecutados por sicarios, ya que al maestro Contreras no se le despojó de ninguna pertenencia, descartando hasta el momento los indicios de robo, mientras que el dirigente lenca Antonio Leiva fue raptado y su cuerpo encontrado horas después en una aldea de la zona. La COFADEH ha registrado 16 asesinatos y decenas de heridos desde el golpe contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

La resistencia hondureña y organismos de derechos humanos condenaron los asesinatos este viernes maestro Mario Contreras, subdirector del Instituto Abelardo Fortín, y del dirigente lenca Antonio Leiva, ambos miembros de la resistencia, quienes murieron bajo circunstancias que hacen presumir sicariato.

 

Según el informe preliminar del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) el maestro Contreras se encontraba a 100 metros de su residencia cuando dos hombres desconocidos que se trasladaban en moto le propinaron dos disparos en el rostro. Contreras fue trasladado a un centro hospitalario, pero falleció a los pocos minutos.

 

El Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) también denunció la muerte violenta de Contreras y en un comunicado afirmó que "según testimonio brindado por familiares al CPTRT, se presume que los hechos fueron ejecutados por sicarios, ya que el fallecido no fue despojado de ninguna pertenencia, descartando hasta el momento los indicios de robo".

 

Este viernes en horas de la tarde, fue encontrado el cuerpo sin vida de otro miembro del frente de la resistencia, el dirigente lenca Antonio Leiva, en la zona de Santa Bárbara al occidente del país. Según las versiones de los allegados, en horas de la mañana fue raptado, y su cuerpo fue hallado en una aldea de esa zona.

 

Cofadeh ha registrado 16 asesinatos y decenas de heridos desde el golpe contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, que estableció a Roberto Micheletti como gobernante de facto.

 

"Hemos investigado y documentado adecuadamente los casos de doce personas que han muerto en forma violenta, en la mayoría de ellos producto de la represión de la Policía a manifestaciones populares, y estamos completando la información relativa a otras", dijo la presidenta del Cofadeh Berta Oliva, a los medios internacionales.

 

"Tenemos docenas y docenas de denuncias de personas que han sido heridas y golpeadas en el marco de las protestas", entre ellas el candidato presidencial independiente Carlos H. Reyes quien se recupera de una severa lesión en uno de sus brazos.

 

Las autoridades del gobierno de facto sólo reconocen el fallecimiento de un activista el pasado 5 de julio, cuando miles de personas se congregaron en el aeropuerto de Tegucigalpa para recibir al derrocado presidente Manuel Zelaya, a quien finalmente se le impidió aterrizar.

 

No obstante, las autoridades aseguran que no se sabe con certeza de dónde procedió el disparo que mató al manifestante.

Persecución política

 

La presidenta de Cofadeh afirmó que su organización tiene información precisa "de 96 personas acusadas ante los tribunales de justicia por el presunto delito de atentar contra la seguridad del Estado, es decir, por sedición, un cargo que es de naturaleza estrictamente política". De esas 96 personas, seis están detenidas en distintos centros penales, incluida una educadora.

 

Oliva denunció también que varios dirigentes opositores recibieron amenazas de muerte anónimas y que los miembros de Cofadeh temen por su seguridad personal.

 

Entre los amenazados mencionó al candidato presidencial Carlos Reyes, el líder agrario Rafael Alegría, el dirigente obrero Juan Barahona, la diputada izquierdista Silvia Ayala y el activista de los derechos humanos Andrés Pavón.

 

La Cofadeh, creada en la década de 1980 por familiares de unas 180 personas desaparecidas por los militares, estudia la posibilidad de presentar denuncias ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional.